A pocas semanas de la instalación de los gobiernos departamentales y municipales, exploramos de modo comparado algunas iniciativas de memoria desplegadas por agentes estatales y actores sociales en sus territorios, reflexionando los roles efectivos y los roles posibles de los niveles subnacionales de gobierno.
Creaciones institucionales para una Montevideo con memoria
Hace pocos días, el Intendente electo Mario Bergara, presentando el equipo que gobernará Montevideo durante los próximos cinco años, anunció la conformación de una División de Derechos Humanos, inscripta en la órbita del Departamento de Desarrollo Social. Unos pocos meses antes, en diciembre de 2024, una comunicación de la Junta Departamental (JDM) daba cuenta de la aprobación del decreto de creación de un Sistema Departamental de Sitios de Memoria del Departamento de Montevideo (SDSMM)¹, afirmando que “con este decreto se consolida una nueva institucionalidad”. A su vez, el comunicado recordaba que “(…) la Ley N° 19.641 del año 2018 establece la creación de Sitios de Memoria Histórica para recordar y reconocer lugares donde se violaron los derechos humanos. La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria es la encargada de hacer cumplir dicha ley. Los sitios de memoria son marcas de la resistencia y todos los lugares donde se cometieron violaciones a los Derechos Humanos, pero también donde hubo actos de resistencia organizada contra la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) y el accionar ilegítimo del Estado (1968-1973)”.
Teniendo en cuenta, además, la escasa visibilidad que suelen tener las normas y resoluciones que podrían dar sustento y proyección educativa a una política pública de memoria como componente simbólico indispensable de las llamadas “garantías de no repetición”² y su indudable importancia para avanzar en la construcción de “una Montevideo con memoria”³ integrándose desde el nivel departamental en el desarrollo de una política nacional, convocan tanto a una lectura atenta del decreto de la Junta como a los futuros anuncios en materia de planificación y coordinación ejecutiva.
En el hilo de estas novedades y adoptando la perspectiva de la Red Nacional de Sitios de Memoria, que al día de la fecha cuenta con más de 50 colectivos diseminados por el país, en este artículo nos aproximamos a los procesos de territorialización de la memoria histórica tanto de la violencia estatal, autoritaria y terrorista, como de la resistencia y el martirologio popular. A través de algunos ejemplos, exploramos de modo comparado algunas iniciativas de memoria desplegadas por agentes estatales y actores sociales en sus territorios, reflexionando los roles efectivos y los roles posibles de los niveles subnacionales de gobierno.
Desde la perspectiva de la investigación académica no existen suficientes estudios que den cuenta del pasado reciente a nivel país y tampoco de los procesos de territorialización de la memoria de ese pasado. Sin embargo y para la perspectiva militante de este artículo, el trabajo de autores como Javier Correa, Magdalena Broquetas o Jean-Francois Macé constituyen una referencia valiosa ya sea desde el punto de vista de los contenidos como del metodológico.
Con valor para el análisis de los procesos de memorialización que nos ocupan, Javier Correa en Historia reciente, dictadura y “el interior”. Recorrido sobre [algunos de] sus abordajes (2017)⁴, advierte contra las visiones homogeneizantes tanto de Montevideo como del “interior” y las tendencias a explicar asuntos nacionales poniendo el foco en Montevideo.
Mientras tanto, Broquetas en su ensayo Memorias del terrorismo de Estado en la ciudad de Montevideo (2007)⁵ y Jean-François Macé en Los lugares de memoria del pasado reciente en Uruguay: dificultades, prácticas y expectativas. (2019)⁶, nos aportan una visión contextualizada tanto desde el punto de vista histórico como conceptual de una etapa en la que la memoria, en el marco de las luchas contra la impunidad, fue logrando ser repuesta como problema a resolver.
Siguiendo tendencias regionales reflexionadas por Elizabeth Jelin, Broquetas fija su mirada en las ciudades como lugar donde las huellas de la violencia del terrorismo estatal pueden transformarse en “vehículos de memoria”. Limitando su estudio a Montevideo pero señalando la necesidad de ahondar en “sus geografías diversas”, identifica realizaciones que comienzan en los primeros años de la recuperación democrática y aporías cuya superación llevó casi diez años más. Por su lado, Macé aborda los procesos memoriales de marcación simbólica y material tanto en Montevideo como en el interior y a partir de algunas observaciones de campo ligadas al Memorial a los desaparecidos en la ciudad de Mercedes y el proyecto de Museo a cielo abierto Los Vagones (centro clandestino de detención y tortura en la ciudad de Canelones), postula la emergencia de una “memoria nacional descentralizada”⁷, ligada también al reagrupamiento de colectivos en la que por entonces era la Red pro Sitios de Memoria.
Escribiendo sobre lo mismo pero en tiempos distintos, nos aportan un panorama de lo que se investiga sobre la memoria durante veinticinco años de los treinta que han transcurrido desde la primera Marcha del Silencio.
Podemos decir que Broquetas escribe cuando el reconocimiento estatal por los crímenes de la dictadura apenas comenzaba a expresarse y las políticas reparatorias, aunque abarcaban a más población afectada, seguían siendo fragmentadas y escasas. Desde el punto de vista del llamado “deber de memoria”, contraparte estatal del derecho social a la misma, era un tiempo sin leyes que obliguen al Estado.
Glosando la síntesis de la autora, Broquetas destaca que “la ritualización de instancias sostenidas por la participación social” —como la Marcha del 20 de mayo—, así como los cambios en el nomenclátor —que no sin oposición de los expertos comienza en los primeros años de la recuperación democrática y continúa hasta este presente—, la construcción de un memorial — el de los Desaparecidos inaugurado en 2001—, la apertura de un museo —el Museo de la Memoria inaugurado en diciembre de 2007— y la colocación de placas recordatorias, constituían las principales iniciativas de memoria relativas al pasado reciente.
Junto a esas realizaciones cuyo agente estatal principal fue el gobierno departamental en respuesta a iniciativas que, provenientes del campo social, fueron ampliando las categorías de los reconocimientos, Broquetas anuncia un nuevo proyecto —el de la Marcas de la Resistencia que Macé detalla—. En el orden de las aporías y desde su rol como historiadora, destaca ausencias nítidas y contradictorias —el no señalamiento de centros de detención, a pesar que el encarcelamiento masivo y prolongado fue la modalidad represiva característica del régimen dictatorial uruguayo— y denuncia una política pública que incentivaba “el borramiento” de los hechos de la dictadura habilitando la transformación del Penal de Punta Carretas en un shopping center.
A diferencia de Broquetas, Macé escribe casi diez años después de la aprobación de la llamada ley de reparación integral (2009)⁸ y cuando ya se anunciaba el proyecto de ley de declaración y creación de Sitios de Memoria.⁹ A partir de estas leyes el Estado tiene la tarea de promover acciones materiales y simbólicas de reparación moral a las víctimas y de establecer la responsabilidad estatal por la violación de derechos humanos. Y aunque Macé no llega a registrarlo, al culminar el año 2019, en la rendición de cuentas del Ministerio de Educación y Cultura, se informa que en el marco de la ley 18.596 y por actuación de la Comisión especial encargada de su aplicación, “Fueron reconocidos 67 sitios de la Memoria Histórica; declaradas dos fechas conmemorativas: el 14 de marzo "Día de la y del ex preso político” y el 14 de agosto "Día de los Mártires Estudiantiles de Uruguay"; y convocados los concursos para la construcción del Memorial Penal de Libertad y el Memorial ex penal de Punta Carretas”¹⁰. Tampoco llega a registrar los inicios, en 2019, del proceso hacia el memorial de las ex presas políticas del Uruguay, una iniciativa de CRYSOL que concitó múltiples apoyos (Intendencia, Junta departamental, Parlamento, Udelar, Sociedad de Arquitectos, etc.) y culmina con su inauguración el 27 de junio de 2023.
Finalizando esta reseña, sumamos tres publicaciones. Por un lado Marcas de la Memoria¹¹, una investigación de Iara Bermudez y Waldemar Garcia que, abarcando el período 2008-2016, releva monumentos, placas y nomenclátor por todo el país. Y por otro lado, dos publicaciones oficiales, la Guía de Lugares de Memoria del Pasado Reciente del Uruguay publicado en 2019 por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia con prólogo de Felipe Michelini y el Catálogo de Sitios de Memoria y Señalizaciones de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria¹².
Este conjunto de lecturas documentadas permite advertir una creciente movilización hacia el recuerdo de memorias que en muchos casos fueron empujadas hacia el olvido por casi 50 años. En esa movilización, en su realización o en su tardanza, ha influido la presencia o la ausencia de actores sociales que, accionando políticamente entre la gente y ante los agentes estatales, promueven señales de memoria en sus territorios y, al hacerlo, abren paso a relatos que modifican las percepciones subjetivas e intersubjetivas del pasado reciente y otorgan mayor densidad a la memoria histórica. Por otra parte, se advierte que las luchas sociales por el derecho a la memoria también se han librado en el campo del derecho, impulsando la adecuación de nuestra legislación a la internacional y logrando leyes como la 18596 o la 19641 o decretos como el de la creación del ya mencionado sistema capitalino de sitios de memorias o la política que desarrolla el gobierno de Canelones a través del Área de Memoria Reciente de la Dirección de Derechos Humanos y el Mecanismo Participativo de Planificación.
Políticas de memoria de los gobiernos departamentales de Montevideo y Canelones
En las consideraciones previas del decreto del sistema capitalino, la Junta establece la necesidad de crear un Sistema Departamental de Sitios de Memoria de Montevideo (SDSMM) que contribuya a la construcción de ciudadanía y de valores democráticos, mejore la gestión e incremente el alcance y difusión de estos sitios como espacios físicos, simbólicos y de educación de derechos humanos, mejorando su articulación y coordinación.
Asimismo recuerda que un Sistema Departamental de Sitios de Memoria de Montevideo aporta al derecho de la sociedad a la Memoria y la Verdad y contribuye con el deber que tiene el Estado de instrumentar una política pública de Memoria y Derechos Humanos en diálogo con la sociedad civil.
Y finalmente afirma que el Sistema se corresponde con la Ley N.° 19.641 de Sitios de Memoria Histórica y la concreta a nivel departamental en Montevideo, constituyéndose como un mecanismo de orden colaborativo con las instancias nacionales definidas en la misma; y al mismo tiempo toma en cuenta el interés que fue manifestado por los Sitios de Montevideo y para lo cual elaboraron un documento propositivo que sustenta y describe lo que se crea a través del decreto.
Con clara cercanía, Carlos Garolla, Director de Derechos Humanos del gobierno de Canelones, en su discurso en un acto en el Memorial a los Fusilados Soca¹³ explicó que “desde la Intendencia de Canelones, se trabaja especialmente en el desarrollo y promoción de políticas públicas referentes a la construcción, valorización y circulación de memorias vinculadas tanto a las afectaciones como a las resistencias al terrorismo de Estado en nuestro pasado reciente con énfasis en las experiencias departamentales”. Enumerando un extensa lista de acciones, afirmó que a través de esas acciones “la Intendencia de Canelones colabora con la búsqueda de la verdad y de la Justicia, la circulación de la memoria colectiva, la reparación simbólica de las víctimas y el fomento de garantías de no repetición que promuevan un Nunca Más.”
Las diferencias surgen cuando se advierte que mientras el sistema montevideano de sitios de memoria es una creación institucional a implementar en el período de gobierno que comenzará en julio de 2025, lo que para simplificar llamaremos “sistema canario” tiene un desarrollo institucional que viene gestándose desde el período de gobierno 2005-2010.
Ese desarrollo se traduce en una Dirección de Derechos Humanos con un Área de Memoria Reciente que trabaja transversalmente con otras Direcciones, la Junta Departamental, los Municipios Canarios y a través del Mecanismo de Planificación Departamental en Memoria Reciente realiza un trabajo estrecho con colectivos locales, departamentales y nacionales dedicados a la temática. En el documento de rendición de cuentas 2020-2025 puede leerse con gran detalle las actividades realizadas.¹⁴
En el sistema montevideano, la reglamentación y las tareas de coordinación dentro de las estructuras departamentales y con otros niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, originalmente fueron asignadas a la Dirección de Cultura pero a partir de la mencionada conformación de la División de Derechos Humanos de la IMM, seguramente pasará a ésta. La participación de la sociedad civil será canalizada a través de una Comisión Asesora integrada honorariamente con representantes de CRYSOL, FAMIDESA y la Red Nacional de Sitios de Memoria junto con delegados de la Junta Departamental.
Esa comisión, de acuerdo a lo que detalla el comunicado de la Junta, tendrá como funciones: elaborar un Plan Ejecutivo del SDSMM según los ejes estratégicos y metodológicos y las particularidades de cada Sitio; hacer el seguimiento del Plan Ejecutivo del sistema; unificar criterios para un programa de preservación de los Sitios; unificar criterios para un programa de investigación de los mismos; unificar criterios para un programa educativo del Sistema; elaborar circuitos de la memoria según activaciones patrimoniales desarrolladas en cada Sitio y unificar criterios para las señalizaciones de los Sitios y los circuitos; proponer la integración de nuevos Sitios de Memoria al SDSMM y desarrollar pautas de coordinación entre los Sitios del Sistema, la Red Nacional de Sitios de Memoria y la comunidad de Sitios a nivel americano y mundial.
Más allá de las diferencias señaladas, el gobierno de Montevideo al igual que Canelones tienen una larga trayectoria en la promoción de la memoria del pasado reciente y los derechos humanos y comparten un horizonte político programático que lo prevé.
Pero ¿qué pasa en otros gobiernos departamentales y/o municipales?
“Soy parte de una generación a la que le dijeron que en dictadura acá no había pasado nada”
“Que la historia en investigaciones realizadas sobre aquellos años se han centrado en lo sucedido en Montevideo y áreas metropolitanas, o en ciudades importantes del interior. Sin embargo, relatos orales que se han plasmado en investigaciones recientes, demuestran que en pequeñas ciudades o pueblos del interior también existió la persecución política, la condena social por la ideología política que se tuviera, la cárcel, la tortura y el exilio.”¹⁶
Sin espacio para un rastreo exhaustivo, tomaré el caso del departamento de Florida.
En el año 2024, a iniciativa de grupos locales se colocaron dos placas de la ley 19641 en el departamento de Florida, las dos relativas a hechos desconocidos fuera de sus respectivos ámbitos locales y poco o nada mencionados dentro de ellos. En coordinación con ANEP, una se colocó en el liceo homenajeando a los estudiantes que en 1973 ocuparon el centro de estudio en apoyo a la Huelga General. La otra,en coordinación con la Junta Departamental de Florida y el Concejo Municipal fue colocada en una plaza del centro de Sarandí Grande.
“Soy parte de una generación a la que le dijeron que en dictadura acá no había pasado nada” fue el planteo de dos jóvenes de Sarandí Grande, cuando en 2024 explicaron a la prensa el motivo por el cual, en su respectiva condición de concejal y edil en representación del Frente Amplio, presentaron una iniciativa al concejo municipal y luego a la Junta Departamental de Florida para homenajear a las decenas de sarandienses que fueron victimas del terrorismo de Estado en 1974. Además, cuando explicaron el motivo también señalaron la demora: la iniciativa fue presentada en 2023 y su aprobación demoró casi un año, aunque fue aprobada por unanimidad.
En sus “considerandos” la resolución de aquella Junta realiza afirmaciones importantes y es probable que investigaciones futuras se ocupen de éste y otros documentos de gobiernos subnacionales para atender el momento en que una comunidad política, desde las claves de su territorio, asume no sin contradicciones y demoras, la potencia democrática de su voz “...con el objetivo de que estos sucesos no queden en el olvido y aportar a la reconstrucción de la memoria y de la historia local...”.
Cuestionando hegemonías culturales, la resolución reivindica “el interior” frente a Montevideo, los pueblos frente a las ciudades capitales pero sobre todo, frente a las investigaciones de lo nacional centradas en Montevideo o en capitales importantes, reivindican los relatos orales como indicadores y fuente de verdad histórica para investigaciones que, dejando “... plasmado casos de persecución política, detención y tortura que se llevó a cabo contra ciudadanos de Sarandí Grande”, contradicen esa forma peculiar del negacionismo que sigue afirmando que “acá (en localidades como Sarandi Grande) no pasó nada”.
La Junta financió la placa, el Municipio prestó el teatro para una actividad de intercambio de testimonios e incluyó las ceremonias en la grilla de actividades del mes aniversario de la ciudad, el liceo autorizó la participación de estudiantes, Sarandí Grande se llenó de visitantes emocionados y en el acto había gente de todos los partidos y de varias religiones.
Cuando de 2024 vamos hasta 1985, como ocurrió en otros departamentos, encontraremos que también por unanimidad la Junta departamental del momento aprobó los homenajes propuestos para Zelmar Michelini y Gutierrez Ruiz. Sin embargo, en 2009, casi al término del único período de gobierno frenteamplista de Florida, la Junta sólo pudo aprobar por mayoría (18 en 31) la colocación de una placa de homenaje a los cuatro detenidos desaparecidos oriundos del departamento, entre ellos el maestro y periodista Julio Castro.
Concluyendo y con más ejemplos en mente, puede afirmarse que para las organizaciones sociales es posible activar ante las instancias de gobierno subnacional, que esos apoyos institucionales contribuyen a sostener las voces de la memoria y que incluso cuando las recepciones son negativas, las juntas y concejos son ámbitos donde los resabios negacionistas pueden ponerse en discusión.
² Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Misión a Montevideo. http://acnudh.org/wp-content/uploads/2017/02/G1415075.pdf.
³ Expresión usada por la ex intendenta Carolina Cosse en diversas conmemoraciones vinculadas al pasado reciente.
⁴ Javier Correa, artículo https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2017/08/12/historia-reciente-dictadura-y-el-interior.
⁵ Magdalena Broquetas, artículo recogido en https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2020-05/memoria_del_terrorismo_de_estado_en_la_c.pdf.
⁶ Jean Francois Macé, artículo en Revista Encuentros Uruguayos, ISSN 1688-5236 Volumen XII, Número 1, 2019 Dossier: Violencia política, desaparición forzada y memoria, pp.: 84 – 103.
⁷ Magdalena Broquetas, artículo recogido en https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2020-05/memoria_del_terrorismo_de_estado_en_la_c.pdf.
⁸ Ley de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del estado en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18596-2009.
⁹ Ley de declaración y creación de Sitios de Memoria histórica del pasado reciente. https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19641-2018.
¹⁰ https://icau.mec.gub.uy/mecweb/imprimir.jsp?contentid=122733.
¹¹ Bermudez y García. Marcas de la memoria. Monumentos, placas y nomenclátor Homenaje a la resistencia de la dictadura (1973 - 1985) https://sitiosdememoria.uy/sites/default/files/2022-11/marcas-de-la-memoria-2020-bermudez-garcia.pdf.
¹² Las dos publicaciones pueden ser consultadas en el sitio web de la Comisión Nacional Honoracio de Sitios de Memoria (CNHSM) https://comisionsitiosdememoria.uy/ El Catálogo de Sitios y señalizaciones se actualiza periódicamente.
¹³ Diciembre 2024. Discurso pronunciado en el acto por el 50 aniversario del fusilamiento. Memorial Fusilados de Soca. Camino de los Fusilados, Ex Ruta 70, Capilla de Cela, Canelones. https://www.youtube.com/watch?v=77-_tytFGC0&t=2767s.
¹⁶ https://www.gub.uy/intendencia-florida/comunicacion/noticias/resolucion-jdf-6224.