La economía política de la clase trabajadora
La situación de la juventud expresa muchas de las contradicciones más importantes del capitalismo de nuestro país y nuestra época. Hablar de la juventud implica hablar del presente y del futuro, de algo que vive, aprende y sufre en el presente, y de algo que por su propia esencia va a transformarse en otra cosa a futuro. El futuro de la juventud es el futuro de la sociedad. Un presente de sufrimiento y exclusión, cuya degradación apunta a profundizarse, es el síntoma de un sistema que no puede ofrecer una salida a la vida de las personas. El desempleo juvenil, es decir, la exclusión estructural de una gran porción de la juventud uruguaya del mercado de trabajo, y por lo tanto de los derechos mínimos que garantiza ser explotado en una sociedad capitalista, es una de las causas de la miseria actual de la juventud. Soy parte de ese sector de la sociedad. Cuando miro a los costados lo que veo suelen ser distintas manifestaciones de esa miseria: en jóvenes en situación de calle, en quienes están atrapados por su violencia, en los amigos sin laburo, los que lo pierden, los que son basureados por un jefe en un trabajo precario, en las madres trabajando más de 8 horas para sostener a sus hijos, en mis estudiantes y sus situaciones.
He tenido que trabajar en trabajos de mierda y me he retorcido de rabia al cobrar y ver el poco valor que le daban a las horas de vida que perdía y sufría ahí. Ví distintas formas de violencia patronal, conocí las carencias de mis compañeros y compartí con ellos las mías. Esta experiencia marcó mi conciencia política como muy pocas en mi vida.
Por esto, es necesario construir una forma de organización social que pueda permitirle a los jóvenes disfrutar de su vida en el presente, sin que el fracaso de las instituciones que suelen ordenar la vida lo impida, y que permita proyectar un futuro donde seguir disfrutando y creciendo.
La política, que debería ser la herramienta para discutir y construir la forma de abordar estos problemas, ha fracasado profundamente en hacerlo. En el 2011 el desempleo juvenil estuvo en uno de sus puntos más bajos de sus últimos 20 años, alrededor de un 18% (con alrededor del 25% en departamentos como Durazno y Río Negro), siendo ya una cifra alta y preocupante. Ante el supuesto reconocimiento de que esto era un problema se aprobó en el 2013 la ley 19133 de empleo juvenil, reforzada luego en el 2018 por la ley 19.689. Desde que estas dos leyes se aprobaron el desempleo juvenil no ha dejado de crecer, las cifras por encima del 20% se han naturalizado en todo el país, llegando a duplicarse durante la pandemia.
Este fracaso a nivel político es responsabilidad del abordaje que hacen de esta cuestión dos corrientes de la economía que actúan en la política uruguaya, el neoliberalismo y el neodesarrollismo.
La primera es la que ha hegemonizado las ciencias económicas, y la propia organización del capitalismo y del estado, tras la crisis de los consensos keynesianos de posguerra. Esta corriente logró instalar una gran derrota política a los trabajadores de todo el mundo que se expresó en mayores grados de explotación, aumento de la pobreza y la desigualdad y de la fragmentación y degradación social. La hegemonía neoliberal logra marcar la agenda de discusión económica, domina la academia mediante distintas estrategias, forma a los distintos cuadros técnicos en sus ideas y obliga a que se discuta en sus términos.
En este contexto nace el neodesarrollismo, como una nueva etapa del pensamiento de la CEPAL, en el contexto de los 80-2000, impulsando la combinación de desarrollo e inclusión, intentando maniobrar las distintas posibilidades de generar políticas sociales bajo los límites del neoliberalismo y la necesidad de cuidar la competitividad sistémica del capital. Mientras que el neoliberalismo puede referenciarse en cuadros como Ramón Díaz, presidente del BCU bajo Lacalle padre, cercano a Pacheco y al equipo económico de la dictadura y presidente de la sociedad de Mont Pelerin, la figura más reconocible del neodesarrollismo es la de Danilo Astori, es decir la conducción económica del Frente Amplio. El actual ministro de economía puede ser ubicado allí también.
La forma en que estas dos corrientes y sus expresiones políticas en Uruguay abordan el problema del desempleo en general y el juvenil en particular es bastante similar. Es uno de los consensos macroeconómicos que trascienden partidos. Es una forma liberal de abordar el problema, basada sobre todo en la idea de los incentivos al capital. En esta lógica el único sujeto de la economía es el capitalista y a la hora de actuar en la realidad para introducir un cambio hay que hacerlo a través de ellos, ya que son quienes tienen el contacto con la realidad a través de su interacción directa con el mercado. La única forma entonces de abordar el problema del desempleo juvenil es lograr que los capitalistas contraten más jóvenes. Exonerarlos de impuestos, pagarles la mitad de los salarios, la mitad de las licencias por estudio, etc.
Una característica de las dos leyes de empleo juvenil es que casi no establecen mecanismos de control ni de seguimiento sobre en qué condiciones está siendo la incorporación del joven a la empresa, ni cuánto tiempo duró. El neoliberal queda contento porque se respeta e impulsa la propiedad privada y las ganancias, y el neodesarrollista también, porque al aprobar una ley parece que el estado y sus tecnócratas “hacen algo”.
El diseño completamente precario y capitalista de estas leyes no sólo no ha podido frenar el aumento del desempleo juvenil sino que ha consolidado a los jóvenes trabajadores como sector sobreexplotado de la clase obrera, como mano de obra barata y descartable. Las empresas contratan jóvenes en sus primeras experiencias laborales por un par de meses, los exprimen a fondo por un salario miserable, y luego los despiden, gozando los subsidios y exoneraciones. Las empresas que han adoptado esta modalidad han estado haciendo millones con el sufrimiento de los jóvenes en estos últimos años.
Como muchos otros, estoy convencido de que la economía puede ser pensada desde otro lugar, y que la sociedad puede servir para otra cosa que para esto. Busco en mi propia clase las respuestas a este problema, y en su forma de pensar y hacer las cosas. Soy parte de una clase que casi desde que surgió comenzó a luchar para ponerle límites al capital en su trato sobre el trabajo y sobre la sociedad, límites que expresan una concepción en la cual el capital debe estar subordinado al interés social. Los trabajadores sufren el hecho que el capitalismo esté dominado por fuerzas ciegas. Esto les desordena la vida, les bloquea caminos, les frustra proyectos. Los trabajadores planifican el trabajo que van a hacer y hasta en los trabajos más individualizados puede rastrearse la cooperación para hacerlo real.
La economía política de la clase trabajadora organiza la sociedad a través de fuerzas conscientes y planificadas colectivamente, por lo tanto, no puede dejar un problema tan grave como el desempleo juvenil en manos de los capitalistas, y lo toma en sus propias manos.
¿Cómo sería entonces una política económica pensada desde la economía política de la clase obrera? Toda respuesta que logre sacar el mercado de trabajo y su dinámica del caos mercantil, y de la arbitrariedad burguesa, para mejorar la vida de los trabajadores, es un avance en este sentido, es una victoria de la economía política obrera sobre la capitalista, y más si surge de su movilización y lucha.
En este sentido distintas medidas pueden expresar este principio: políticas menos “voluntarias” (que no sea una opción premiada contratar jóvenes sino una obligación cuya aplicación se sigue estrictamente), creación directa de puestos de trabajo por el Estado, cooperativismo de trabajo, entre otras. Dado que aquí me estoy enfocando en políticas de empleo, no entraré en propuestas como las de la renta básica universal, que no busca abordar el problema desde la creación de empleo sino desde la posibilidad de vivir sin él.
La primera opción implica un grado de ataque tan directo sobre la propiedad privada que despertaría grandes resistencias antes de poder generar algún efecto positivo, por ende en la correlación de fuerzas actual es inviable. La segunda opción no es para nada descartable, y creo que debería ser combinada creativamente con la propuesta del cooperativismo (como ya ocurre por ejemplo con las cooperativas de UTE y otros entes). La existencia de empresas estatales en Uruguay es una evidencia de la debilidad de nuestro capital nacional para organizar algunos sectores de la economía y de la necesidad de una lógica que lo trascienda. Es además resultado de la lucha de toda la clase trabajadora por mantenerlas y evitar su privatización. La defensa de las empresas públicas no debería ir únicamente por el lado de reforzar las ya existentes sino también de crear nuevas, de ampliar la densidad del sector estatal para que abarque sectores clave de la economía uruguaya, por ejemplo los productivos. La creación de empresas públicas en rubros rentables puede ser una forma de mejorar la recaudación del Estado, un camino opuesto al neoliberal y neodesarrollista de mejorar el déficit fiscal, y podría además orientarse al trabajo juvenil. La debilidad de encarar el problema principalmente por este lado sería que en cuanto tome mucha dimensión puede verse como competencia desleal del Estado con el capital privado, lo cual puede soportarse pero con una gran espalda política.
Vayamos entonces al cooperativismo de trabajo. Una de sus fortalezas es que a diferencia de las anteriores, supone un cambio más sutil e imperceptible por los capitalistas en el corto plazo, y menos provocador ya que supone poder ampararse en la propia libertad de empresa capitalista. Dentro de la lucha de la clase obrera por imponer su economía política frente a la del capital, y dentro de los límites del propio capital nacional, el cooperativismo tuvo un amplio desarrollo en la historia uruguaya, desde el cooperativismo de vivienda hasta el de producción.
En cuanto a este último, el informe del MTSS de 2024 registra la existencia de 1164 cooperativas de trabajo, y 28.840 empleos en todo el sector. Además, dos de cada diez trabajadores en cooperativas son jóvenes menores de 30 años. Es decir, la juventud es bastante minoritaria dentro del cooperativismo aunque tiene su lugar.
Por otro lado, en este rubro existe una amplia institucionalidad estatal y social. A nivel social tenemos la Federación de Cooperativas de Trabajo del Uruguay, la Confederación Unida de Cooperativas, y las Mesas Intercooperativas Departamentales, espacios cooperativos de base con anclaje territorial. A nivel estatal, el Instituto Nacional de Cooperativismo, la Incubadora de Cooperativas, y las patas cooperativas del Fondes o el Inefop. Esto supone una importantísima base desde la cual proyectar y trabajar.
De estas instituciones la que protagonizaría esta propuesta sería la Incubadora de Cooperativas. Nacida de un modelo proveniente del mundo privado, las incubadoras mezclan el saber académico y técnico (grupos formados por economistas, ingenieros, técnicos, sociólogos, etc.) con el productivo, con el objetivo de impulsar el funcionamiento de determinadas empresas o garantizar su creación. Cuando este modelo que comenzó a dar resultados en otras partes del mundo se empezó a aplicar en Uruguay, no pasó tiempo hasta que surgiera la idea de incubar proyectos cooperativos, ayudando al desarrollo de varias cooperativas, sobre todo a nivel de organización, cuentas, y productividad. De esta experiencia se decide crear la Incubadora.
Visitando el sitio web y leyendo trabajos sobre esta experiencia, se puede ver el dinamismo del organismo, que ha desarrollado herramientas como un mapa online de áreas rentables para la inversión cooperativa, muy útil para la tarea que aquí nos proponemos y que ya cuenta con experiencias positivas de trabajo en cooperativismo juvenil.
La idea sería ampliar las potestades de este organismo para que no sea solo de asesoramiento y acompañamiento y se vuelva de planificación e iniciativa. Es decir, que no espere a que las propuestas lleguen sino que las vaya a buscar y diseñe otras de antemano. La Incubadora debería trabajar desde el día uno este proyecto en colaboración con las organizaciones del movimiento cooperativo y sindical.
Una política para responder a una emergencia social como esta implica una política de shock, abordar el problema a grandes escalas en el menor tiempo posible. Para calcular esto hay que empezar por las dimensiones del desempleo juvenil. Según el INE, en abril se estimaban unos 80.000 jóvenes desempleados. En otros momentos esta cifra incluso aumenta.. Si tomamos los cálculos de abril, podemos plantear la creación de 40.000 puestos de trabajo joven como forma de dar un shock al desempleo juvenil. Creando entonces 2.000 cooperativas de aproximadamente 20 trabajadores (las cooperativas con entre 21 y 50 trabajadores ocupan al 30% de los cooperativistas de trabajo según el informe y las de más de 50, al 42,6%) se puede dar un golpe importante al desempleo juvenil estructural y mejorar las condiciones de vida de la juventud.
Muchos podrán dudar del realismo de esta propuesta pero la realidad es que 2.000 cooperativas es menos que la cantidad de empresas que crea el capital anualmente. Además, dividiendo el proyecto en años mediante distintos escalonamientos se puede aprovechar mejor su financiación (por ejemplo, si esta proviene de una recaudación impositiva anual, esta división convendría), podrían además dividirse por departamentos, lo cual descentraliza costos hacia los presupuestos departamentales.
No hay nada malo tampoco en apostar a que este plan sea más ambicioso que los planes que se aplican actualmente, y por lo tanto más caro. Las ventajas de esto las encontramos en que lograría un impacto mayor, que incluso traería luego otras consecuencias positivas y ahorros. Por ejemplo, pasar a tener una gran masa de nuevos empleos y de aportantes a la seguridad social jóvenes —es decir, con perspectiva de aportar varios años más— puede equilibrar la balanza activos/pasivos en el BPS y posibilitar superávits fiscales que hagan innecesarias las asistencias financieras multimillonarias del Estado. Los planes actuales, por el contrario, profundizan el tan mentado déficit fiscal con sus exoneraciones. Estos planes no son un techo, sino un piso, de un estado que realmente ha experimentado muy poco con las políticas posibles en este plano, y que dilapida recursos existentes en apoyar al capital en iniciativas de dudoso impacto social, más que en políticas de este tipo.
Primeros argumentos sobre la viabilidad del proyecto
Para este primer planteo de la propuesta, es útil realizar algunas estimaciones de las inversiones necesarias. Sin ser cálculos muy detallados, pueden servir sin embargo para acercarnos a la idea de que los costos del proyecto no se alejan mucho de lo que suele invertirse en otras políticas, y que existen distintas formas de retorno que pueden ayudar a que sea menos oneroso.
Asumiendo diferencias de escala entre cooperativas, planteamos un escenario de creación a lo largo de 5 años de 1200 pequeñas cooperativas de 20 trabajadores, es decir, 24.000 puestos de trabajo, y 400 medianas de 40, es decir 16.000 puestos. Con esto tenemos 40.000 nuevos puestos de trabajo cuyos costos de creación podrían aproximarse calculando los siguientes datos que suelen computarse en la creación de empresas:
En primer lugar, es necesario un capital semilla. Este es el préstamo inicial del proyecto, dedicado a financiar todos los gastos necesarios para poner en pie materialmente la cooperativa. Este primer capital puede ejecutarse a través del FONDES, que suele prestar montos que van desde las decenas de miles hasta los millones de dólares. Un monto de capital semilla razonable para las empresas chicas del proyecto puede ser de unos US$120.000, y para las medianas, de US$240.000. Este monto variaría según el rubro de la cooperativa: muchas pueden costar bastante menos que este monto, mientras que probablemente sólo algunas pueden llegar a requerir una inversión mayor, aquellas de proyección industrial y de mayor escala. De todas formas, asegurar un monto alto de capital semilla, incluso para las cooperativas que parezcan no necesitarlo, puede garantizar una estabilidad laboral más prolongada a sus participantes.
En total, el costo estimado de las 1200 cooperativas pequeñas sería de 144 millones de dólares, y el de las 400 medianas de 96 millones, lo que suma estimadamente un total de 240 millones de dólares en capital semilla a lo largo de 5 años.
Por otro lado, tenemos los gastos de formación. Estos forman parte de un monto que se le paga a los trabajadores mientras son capacitados por la Incubadora, para que sostengan sus gastos durante esta parte del proceso y no lo abandonen. Si tomamos un estipendio mensual individual de US$775 —mayor que un salario mínimo— y lo multiplicamos por 6 meses de formación, tenemos una inversión de US$4650 por trabajador. Si proyectamos esta inversión a las 1200 cooperativas de 20 trabajadores, el costo sería de US$111.600.000, y el de las 400 de 40 de US$74.400.000, lo cual da una suma de US$186.000.000. A la inversión por estipendio podemos agregarle otros 20 millones anuales (100 millones a lo largo del quinquenio) para financiar a los formadores, materiales y otros gastos. En total los gastos de formación serían de US$286.000.000.
Sería necesario un fondo de rentabilidad, que luego de madura la cooperativa le asegure un monto de aproximadamente un millón de pesos para nuevos gastos de rentabilidad, defectos de competencia, y otros factores. Deberíamos darle 25.000 dólares a cada cooperativa, lo cual implicaría unos US$40.000.000 y en 5 años unos US$200.000.000.
Por último, el Estado podría asegurar a través de compra pública la demanda inicial de cooperativas que no tengan en un inicio clientes asegurados. Según la Agencia Reguladora de Compras Estatales el monto de la compra estatal directa (a diferencia de otras modalidades de licitaciones o de concursos) es de $1.317.000, que si lo multiplicamos por las 1600 cooperativas resulta en unos US$50.000.000 por año, y en 5 años US$250.000.000.
La suma final de los 5 años del plan serían casi US$1.000.000.000, que en un gasto presupuestal anual serían US$200.000.000. Tomamos números muy estimados, que a la hora de afinar la propuesta pueden ajustarse. Esto puede hacerse adaptando la cantidad de empleos a los que se apuesta, ajustando los montos necesarios para algunos de los fondos, o encontrar que algunos de los sectores está sobrefinanciado. De cualquier forma es un monto mucho menor a, por ejemplo, la inversión en la segunda planta de UPM y en el ferrocarril central, que crearon menos puestos de trabajo e impacto social que lo que este proyecto se propone. Lo mismo podemos decir de los miles de millones de dólares que suelen perderse año a año por exoneraciones fiscales, o los casi 600 millones que se llevó la caja militar este año. La plata está ahí, falta que el Estado defina sus prioridades.
El monto estimado ronda alrededor de lo que se propone recaudar con el impuesto al 1% más rico. Esto no es un dato menor, ya que el objetivo de combatir la pobreza infantil puede llevarse adelante de distintas formas, no solo mediante transferencias directas. Crear miles de empleos estables y con salarios por encima de la pobreza entre aquellos jóvenes desempleados o subempleados con niños a cargo puede ser otra forma de hacer llegar un ingreso y el acceso a otros derechos en estas familias. La plata recaudada por el impuesto anual podría ser destinada parcial o totalmente a este proyecto.
Por otro lado, podrían crearse fondos de ahorro colectivo para financiar el proyecto en concreto. Es decir, establecer algún mecanismo de aporte común de la sociedad (con proporcionalidad capital-trabajo según su capacidad de aporte) al fondo, que a diferencia de un impuesto permanente, busque recaudar estos montos únicamente durante el tiempo que dure el proyecto. Al final puede impulsarse algún mecanismo de beneficio para quienes participaron del financiamiento de este fondo.
Otros medios de financiación pueden ser los préstamos internacionales. Esto puede tener implicancias ideológicas con respecto a la dependencia, pero no estaríamos hablando de montos tan grandes como los que nos atan en nuestra deuda externa. Estamos hablando de unos cientos de millones de dólares para una inversión concreta. Otra opción es la de emitir Bonos de Empleo Cooperativo al mercado, con garantía pública y flujos de compras públicas como respaldo. Distintos préstamos ya existentes pueden reorganizarse también y aprovecharse en este sentido.
Lo bueno de ser un proyecto con una duración determinada es que la acusación de alentar el déficit fiscal pierde fuerza, al ser una inversión concreta y con posibilidad de generar importantes retornos directos y comprobables. Tras la inversión inicial, los gastos de mantenimiento de esta política tendrían una escala menor.
¿En qué rubros es más rentable crear estas cooperativas según su número y su rentabilidad?
Como primera respuesta a esta cuestión podemos aproximar esta primera división:
En primer lugar, estarían las cooperativas de servicios urbanos, caracterizadas por ser intensivas en trabajo. Aquí entrarían los cuidados y servicios sociosanitarios (apoyo domiciliario, asistencia a dependencia leve, centros diurnos), limpieza y mantenimiento, cuidado de espacios verdes, reciclaje y clasificación, los llamados servicios de externalización de procesos de negocio (atención, soporte, data-labeling),cultura, turismo y recreación (guías, eventos barriales, deporte). Estos sectores tienen beneficios variados como ser intensivos en trabajo, formar parte del Sistema de Cuidados, poder conectar con presupuestos departamentales, tener anclaje territorial, etc.
En segundo lugar, podemos pensar en un rubro de producción ligera y agroalimentaria. Aquí entrarían distintos tipos de cooperativa, por ejemplo las de elaboración de alimentos (panificados, pastas, conservas), las textiles y de confección y las de madera y muebles. También lo que podríamos llamar servicios agrarios cooperativos, cuadrillas agrarias cooperativas, maquinaria compartida, y nuevas colonias cooperativas. En este caso para algunos de los rubros se necesita más capacitación, pero esto puede coordinarse con las instituciones que acompañarían a la Incubadora, como el Inefop. Estas cooperativas pueden llegar a emplear bastantes trabajadores por planta, y pueden tener anclaje en el mundo ya existente de cooperativismo rural.
Por último, un sector de obras públicas, trabajo de veredas, caminos, bacheo, eficiencia energética, mantenimiento de instalaciones, etc. La formación de cooperativas en este marco no debería funcionar como tercerización en el caso de empresas e instituciones públicas, que deberían contratar sus trabajadores, sino que puede pensarse por fuera del sector público, en sectores donde el servicio no llegue y sea necesario o deseable.
En el proceso de elaboración del proyecto deberán surgir análisis que puedan brindar nuevos rubros donde crear las cooperativas, asociando esto a un plan de desarrollo económico de conjunto.
Algunas estrategias para el desarrollo del proyecto
En primer lugar, es necesario pensar los espacios que se elegirán para aplicar estos proyectos. Propongo tomar los barrios, localidades o regiones donde mayor desempleo y exclusión del mercado laboral hay, ubicar a la juventud más vulnerable (con infancias a cargo, sin ningún tipo de ingreso, sin apoyo familiar) y priorizar el trabajo con ella. Es decir, tanto priorizar a la juventud de esos barrios, como elegir los mismos como espacio para instalar físicamente las empresas. De esta forma no solo se impacta en el problema del desempleo, con sus numerosas consecuencias, sino en la propia ausencia de servicios y actividad económica en esas localidades. Aquí además se pone en juego la creación de otros puestos de trabajo, al movilizar no solamente la institucionalidad cooperativista, sino también al MIDES o al MTOP. Para esta primera etapa de planificación del proyecto trabajarán educadores y trabajadores sociales, urbanistas, arquitectos, y más.
Una segunda parte del proyecto podría ser víncular las cooperativas surgidas a circuitos cooperativos y de economía social más amplios que organicen nuevos sistemas económicos, que cada vez integren a más gente. Es muy importante que las cooperativas planificadas sean pensadas de antemano de forma coordinada para que puedan apoyarse entre ellas y saberse parte de un mismo movimiento. Estos circuitos pueden comenzar también a ensayar técnicas de planificación colectivas, aspecto que también debe investigarse y planificarse para formar parte del proyecto. Esto también puede asociarse al cooperativismo de vivienda.
El impacto no solo se reduciría a estos aspectos, sino que falta una pieza clave del proyecto: la movilización solidaria de las y los vecinos y el pueblo para llevarlo adelante. Desde el momento en que el proyecto se comience a aplicar, tanto los organismos que lo impulsan de hecho como las organizaciones sociales que lo apoyan deben convocar a las personas de los territorios involucrados a rodear el proyecto. La idea sería vincular la esperanza de un cambio en la situación del barrio con la acción de los vecinos y la construcción de un ejemplo y una perspectiva de futuro.
No estamos hablando de una iniciativa más que puede ayudar, sino de una gran iniciativa de revitalización social, que busca darle un golpe importante a los dramas que sufre nuestro pueblo y a la vez avanzar en su organización. Esto requerirá el apoyo del movimiento social, y puede promover la creación de un movimiento específico, tal vez con una organización propia, integrada por todas las organizaciones que defienden el proyecto, y que sume jóvenes trabajadores a militar por él, se beneficien directamente de él o no.
Una vez llevado adelante no será únicamente un caso aislado, sino el inicio de un método de abordaje de los problemas sociales y un aporte al proyecto de sociedad justa que queremos. De aquí se desprenden otras posibilidades. Por ejemplo, es un tema común de las reformas educativas de los últimos tiempos la necesaria asociación de la educación a las necesidades del mercado de trabajo actual (es decir este mercado de trabajo con desempleo estructural y una correlación de fuerzas de amplia dominación capitalista). Ante esto solemos tener dos posturas, o el rechazo a esta asociación y la reivindicación de la educación para el pensamiento crítico aislado de la realidad económica y social de los estudiantes, o aceptar que la educación siempre estará vinculada al trabajo, solo que no la queremos vinculada a este trabajo ni mercado de trabajo.
El problema con esta última propuesta es que no tenemos ese proyecto alternativo para el trabajo. Sin embargo, este proyecto podría ser un primer paso en ese sentido, y la educación podría comenzar a vincularse. Así podrían crearse materias y talleres sobre educación cooperativa, y contemplar que ya desde la escuela se comience a plantear en la vida de la juventud estas experiencias y la posibilidad de tomarlas, siendo en secundaria la relación con el aspecto más práctico, realizando prácticas con la Incubadora, conociendo las cooperativas incubadas e incluso preparandose para integrar una cuando terminen sus estudios, asegurándose que al hacerlo tendrán trabajo. La UTU tiene un gran potencial para vincularse con este proyecto. Los centros educativos también pueden colaborar con la instalación de las cooperativas en el territorio.
En el caso de que no se puedan crear los aproximadamente 40.000 puestos de trabajo que se proponen, ya crear 20.000 sería crear un precedente importante de la posibilidad de abordar el problema con este método. Implicaría además la creación planificada de una nueva fracción de la clase trabajadora, que desarrollará su propia subjetividad, y que si esto se asocia eficientemente con el resto del movimiento social, puede volverse un sector fundamental en la lucha por una alternativa social y en la demostración palpable de que es posible hacerlo.