Estamos siendo testigos de un momento de ruptura en el que las instituciones y normas que regulan el orden en el mundo están en crisis. Y en donde parece reafirmarse una hipótesis que no es nueva, pero que reflota actualmente: la dilución del derecho internacional.

Repasemos tres hechos recientes de violaciones flagrantes del derecho internacional:

1. La escalada reciente en el genocidio contra el pueblo palestino: desde la Nakba de fines de los años 40, el Estado de Israel ha ido desarrollando una expansión territorial y un genocidio perpetrado hasta nuestros días contra el pueblo palestino. Si nos limitamos a los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) relativos a crímenes de lesa humanidad y a crímenes de guerra respectivamente, es un hecho que el ejército de Israel ha violado varios de sus incisos: luego de que el Estado de Israel obstaculizara el acceso terrestre de la llegada de ayuda humanitaria proveniente de organismos internacionales a la población civil de la franja de gaza, la propia CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu y Yoav Gallant, ministro de defensa de Israel en aquel entonces, amparándose en el siguiente inciso del artículo 8: “Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencional e indiscriminadamente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra”. Además, recordemos que en noviembre del 2021, solo dos países votaron en contra de establecer a la alimentación como derecho humano: Estados Unidos e Israel. Además, también es novedoso que se hayan tomado represalias: el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a jueces de la CPI con medidas coercitivas como el cierre de tarjetas de crédito y cuentas de google personales.
2. El sábado 3 de enero del presente año, despertamos con la noticia de que Estados Unidos invadió Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, lo cual viola la Carta de la ONU por varios motivos. Perpetrado de manera unilateral, este hecho atenta directamente contra la soberanía venezolana y viola el principio de inmunidad que ostenta todo jefe de Estado, por el cual no puede ser juzgado en otro Estado bajo sus leyes, sino que debe atenerse a las consideraciones del derecho internacional –recordemos que Estados Unidos lleva a Maduro a enfrentar la justicia estadounidense, no la internacional de la CPI, por ejemplo-. Desde entonces, Donald Trump ha desarrollado una estrategia comunicacional justificando este acto, usándolo contra otros Estados de la región, amenazando con que, básicamente, serán los próximos en ser intervenidos. Muchos han denominado la política exterior de Trump como doctrina Donroe –haciendo referencia a la doctrina Monroe y a la big stick policy–. Esta política atenta contra la soberanía de nuestros pueblos y los principios básicos del derecho internacional, particularmente de la ONU.
3. La nueva escalada de violencia entre Estados Unidos e Israel con Irán: dentro de este conflicto, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que Israel utilizó fósforo blanco en distintos ataques localizados a viviendas en el Líbano, lo cual se condice, nuevamente, con incumplimientos de normativas internacionales.

Sigamos: el derecho internacional tiene la peculiaridad de que, a diferencia de otras ramas del derecho, es descentralizado, horizontal y basado en gran medida en el consentimiento de sus sujetos: al tener un carácter de mera coordinación, estos sujetos no están sometidos a un poder supremo, como sí ocurre en sistemas jurídicos internos. 

Quienes lo defienden, sostienen que el derecho internacional contemporáneo ejercido por organismos internacionales como la ONU o la CPI es la vía pacífica para la solución de conflictos entre Estados. El problema es que, paradójicamente, el orden mundial está reglamentado por normas que no afectan a todos por igual.

¿Y ahora qué?

Resulta imperioso entonces, plantear varias cuestiones. La constatación de la dilución del derecho internacional, que fue originalmente pensado para salvaguardar la soberanía de los pueblos bajo una lógica de defensa de los derechos humanos, sin importar origen, raza, religión o sistema político, resulta desesperanzador.

Entendiendo que todo esto implica una amenaza para nuestra región, se debe insistir en una posición latinoamericanista, que implica defender la idea de una soberanía regional en la que los grandes imperios no definan nuestro destino. Implica la construcción de una identidad basada en el concepto ya trabajado por Allende: la patria grande. 

En línea con esto, Cortázar problematiza la identidad latinoamericana, manifestando que mientras sigamos siendo colonizados y manipulados desde el exterior, será difícil construirla. Debemos romper, entonces, con aquel paradigma que relata que  nuestra historia comienza en 1492 y acudir a nuestras verdaderas raíces, luchando frente a estas amenazas de la misma forma que lo hicieron nuestros pueblos originarios.

Pero… ¿Acaso esto significa que, como algunos plantean, debemos prepararnos desde el punto de vista militar? Creo que no necesariamente: resulta importante estar alerta, pero en todo caso… ¿Que vamos a poder hacer, incluso asumiendo que toda la región estableciera, por ejemplo, una alianza, contra el ejército más poderoso del mundo? 

Además, no considero pertinente, aun continuando con la condena frente a los actos que atentan contra la paz ya no de nuestros pueblos latinoamericanos, sino del mundo en general, caer en la lógica del ojo por ojo… Porque bajo esa lógica, el mundo terminará quedando ciego, y  es lo que viene pasando desde hace  años.

En momentos de doctrina Donroe, donde el odio impera, apelar al amor y a la empatía resulta revolucionario, más allá incluso de los constantes periodos de crisis, en medio de la dilución del derecho internacional, que no es más que una muerte lenta, progresiva y agónica.