En 2011, el PIB de Uruguay eran unos 48 mil millones de dólares anuales. En aquel momento, un 14% de los menores de 18 años estaban por debajo de la línea de pobreza. Para 2023, el PIB alcanzó los 62 mil millones de dólares, un aumento nada despreciable. Sin embargo, un 10% de los menores de 18 años seguían por debajo de la línea de pobreza. Si el país es considerablemente más rico que hace una década, esa riqueza no se ve en los hogares en los que hay niños pobres.
En los últimos meses se instaló la idea de crear un impuesto al 1% al patrimonio del 1% más rico de la población, para usar lo recaudado para combatir la pobreza infantil. La propuesta parece de sentido común. No es difícil entender lo que implica el sufrimiento y la injusticia de que una proporción importante de los niños de este país no tengan lo básico para vivir decorosamente. Ni es difícil entender que es responsabilidad del conjunto de la sociedad impedir que eso suceda. Además, los recursos existen, y no es razonable pensar que usar para esto un 1% de la riqueza de los que más tienen, a quienes no les falta nada, puede herirlos a ellos ni a la sociedad. Esta propuesta, además de ser de estricta justicia, tiene la inmensa virtud de que es fácil de entender.
La preocupación por la pobreza infantil no es nueva en Uruguay. Desde hace años, muchas voces militantes, académicas y políticas se han levantado para denunciar esta situación, que no se trata meramente de una cuestión de números, sino de la vida de nuestros semejantes, de las familias, las mujeres y los niños que viven angustiados, desesperados y tristes por falta de recursos que, debemos insistir, existen. Es el viejo problema de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Uno de los pilares, desde siempre, de toda política de izquierda, progresista o popular. El artiguismo y el batllismo fueron, entre otras cosas, proyectos redistributivos. Estas no son discusiones que empezaron ayer.
En su forma actual, la discusión sobre el 1% tiene un mojón en los movimientos sociales críticos del neoliberalismo en el siglo XXI. Si en América del Sur vivimos la crisis del neoliberalismo y sus respuestas por izquierda a principios de los 2000, en el norte eso sucedió luego de la crisis financiera de 2008. Estos movimientos levantaron la consigna de que “somos el 99%” y señalaron como antagonista al otro 1%. En Uruguay, el Frente Amplio ganó las elecciones de 2005 levantando la consigna de “que pague más el que tiene más”.
La discusión sobre este tipo de impuestos, así, es el resultado de la deslegitimación del neoliberalismo y del debilitamiento del dogma de la teoría del goteo, y de que toda intervención estatal y toda redistribución es negativa económicamente. Esto no sucedió únicamente en la política, sino también en el campo intelectual. Las posiciones neoliberales no son tan hegemónicas como en los 90 en la ciencia económica, y han proliferado en los últimos años estudios sobre la desigualdad que, al instalarse en Uruguay, produjeron entre otras cosas los insumos académicos en los que se basó la propuesta del impuesto que estamos discutiendo.
No estamos más en los 90, y estas discusiones ya no pueden ser ignoradas desde la superioridad arrogante del tecnócrata liberal. Es cierto, tampoco estamos en 2005. Se dieron desde entonces algunos pasos hacia la progresividad de los impuestos, y la situación nacional e internacional se movió significativamente hacia un lugar más peligrosoa y más reaccionario. Estas no son, sin embargo, razones para paralizarse. Los problemas siguen ahí y no podemos poner excusas.
Decíamos que una de las grandes virtudes de esta propuesta es que es fácil de entender. Tan poderosa es en términos cognitivos, que no solo entenderemos a la propuesta misma, sino que ella nos ayuda a entender y a visualizar otras cosas: la desigualdad y la clase social. Si bien la clase no se traduce exactamente a los percentiles de ingreso y riqueza, la oposición entre el 1% más rico y todos los demás ofrece un mapa de la sociedad. Que, aunque rudimentario, es mucho más fiel a la realidad que otro que también circula socialmente: el que divide a la sociedad en una mitad que trabaja y se sostiene a sí misma y otra que la parasita.
El tema está instalado en la izquierda uruguaya y, en particular, en el frenteamplismo gobernante. Pero está lejos de lograr consensos. La visión de redistribución implícita en el impuesto al 1% (que hay que quitarle a los más ricos para beneficiar a la gran mayoría) está en discusión con otra, que es fundamentalmente representada por el ministro de economía, Gabriel Oddone. Para Oddone, el gran problema del país es que su “sistema de convivencia” (es decir, los servicios públicos, la educación, la salud pública y la seguridad social) es demasiado caro y su sector no transable (es decir, las actividades económicas que no exportan) es demasiado ineficiente. Esto resulta en un lastre sobre el sector exportador que hace que el país pierda competitividad y en un mal direccionamiento de los recursos que impide atender la situación de los que están peor.
La solución deseada por Oddone pasa por una serie de medidas (privatizaciones parciales, topeos de salarios, profundización de la reforma de la seguridad de Lacalle) que, por un lado, favorezcan la competitividad y el crecimiento y, por otro, liberen recursos que hoy están yendo a sectores no pobres de la clase trabajadora para poder destinarlos a los más pobres de todos. O sea: hay una idea de redistribución, no de los más ricos a los más pobres, sino de los no tan pobres a los más pobres. A esto se suman las críticas a la propuesta del 1%, que dan a entender que una medida de este tipo exponen al país a fugas de capitales.
Las investigaciones comparadas sobre este tipo de impuestos muestran que estos no producen fugas de capitales de gran magnitud. Y el más elemental razonamiento político advierte sobre el gran peligro, especialmente para un gobierno de izquierda, de buscar los recursos para los más pobres en las fuentes de trabajo y los servicios de los no tan pobres. Ciertamente los más ricos tienen capacidad de amenaza. Pero la política justamente se trata de dar y resolver conflictos.
En cualquier caso, las dos ideas sobre la redistribución conviven en el Frente Amplio. En el gobierno y el parlamento, la de Oddone es mayoría. Pero en la militancia de izquierda y el electorado frenteamplista, la que se nuclea en torno al impuesto al 1% es muy mayoritaria (las encuestas dan entre 40 y 50% de aprobación de esta propuesta, lo que muestra una casi unanimidad entre los votantes de izquierda). Naturalmente, la mitad del país que está en contra de este proyecto y que no es parte del 1% no es irrelevante. Entender sus razones es importante para dar la discusión de la mejor manera: ¿es antiestatismo? ¿es resentimiento hacia los destinatarios de políticas sociales? ¿es aspiración de estar en ese 1%?
Es difícil que este proyecto se haga ley. La relación de fuerzas no parece, por el momento, favorable. Pero la discusión nos permite encontrarnos entre quienes queremos, más que gestionar la realidad, transformarla. Aunque estamos repartidos, no somos pocos y podemos hacer cosas juntos, como ya hemos demostrado. Las coyunturas cortas van y vienen, pero la construcción de proyectos colectivos lleva tiempo.
Hay muchas cosas que discutir para llevar la discusión hacia un lugar más racional. No solo hay que hablar de que está mal que haya niños pobres, sino también de que está mal que haya ultrarricos. También, de cómo administrar la relación no necesariamente armónica entre redistribución y construcción de capacidades para la planificación económica y la transición ambiental, que requieren de enormes inversiones. También, sobre cómo el crecimiento económico de las últimas décadas fue acompañado de un aumento de la población carcelaria, la gente en la calle, los suicidios y la destrucción ambiental, lo que debería hacernos escépticos sobre las bondades de esta forma de crecer, y pensar alternativas. Es necesario construir visiones de conjunto que excedan las discusiones de cada momento, y eso lleva tiempo.
Pero para hacer eso hay que dar también las discusiones de cada momento de la mejor manera. Reclamar este impuesto y mucho más, recordando que los programas socialdemócratas de hace unas décadas no temían impuestos, no del 1%, sino del 70% a la riqueza obscena. Reclamar el fin de la pobreza infantil y mucho más que ese mínimo elemental. Combinar paciencia y urgencia. Los niños tienen una sola infancia, y es nuestra responsabilidad dar las mejores condiciones para que la puedan disfrutar creciendo como corresponde.