Foto de Colectivo Comando Mosaico
Joaquín B. Suárez / Mercedes Cunha
¿No será que el olvido que se quiere imponer, tiene el efecto paradójico de multiplicar las memorias y de actualizar las preguntas y el debate sobre lo vivido en el pasado reciente?
Elizabeth Jelin
El Álvarez
El 7 de junio de 2023 fue declarado como Sitio de Memoria el edificio donde hoy se ubica la UTU de Malvín Norte: un establecimiento de comienzos del siglo XX en el que funcionó un instituto del Consejo del Niño destinado a la reclusión de menores infractores y niños abandonados1 y que, a partir de 1968, fue resignificado por la apocada imaginación represiva de la época, convirtiéndolo en una cárcel para varones adolescentes detenidos por motivos políticos, gremiales y/o ideológicos.
Según la documentación presentada ante la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM), por el Instituto Álvarez Cortés pasaron más de 200 jóvenes provenientes de varios departamentos del país. Muchos de los cuales, después de su encarcelamiento debieron enfrentarse a la pérdida de la calidad de estudiante, a dificultades para conseguir empleo y, en ocasiones, estuvieron obligados a cumplir períodos de libertad vigilada; todas situaciones que, conjugadas, empujaron a muchos de estos jóvenes al exilio.
Entre los recluidos estuvieron Ary Severo, Ruben Prieto, Jorge Martínez y Héctor Castagnetto, cuatro de los uruguayos detenidos desaparecidos. Estos casos abren la interrogante sobre el grado de conexión entre la persecución y prisionización temprana -adolescente-, y la tragedia de la desaparición forzada. También permiten identificar a los ex presos adolescentes con la categoría de sobrevivientes.
Algunos estuvieron recluidos en el Pabellón Central donde hoy se ubican los salones de la UTU. Otros fueron encerrados en lo que se llamó, irónicamente, ‘el Chalecito’: un celdario con calabozos de un metro por dos, con camastros de hormigón, sin iluminación ni ventilación alguna y en total aislamiento. Esta vieja casona destinada al control y castigo de los denominados ‘presos peligrosos’, actualmente aloja el Alumni, un club barrial de baby fútbol.
Conocido popularmente como ‘El Álvarez’, el instituto formaba parte de un circuito represivo más amplio, destinado exclusivamente a adolescentes de entre 13 y 17 años. El Hogar Yaguarón para mujeres -reconocido como Sitio en junio del 2022-, el Hogar Burgues, el Asilo del Buen Pastor y el Hogar Blanes en Montevideo, la Colonia Berro en Canelones, los Hogares femeninos de Artigas y Maldonado, los Albergues de Varones de Tacuarembó y Cerro Largo eran otros de los establecimientos que integraban el conglomerado de Centros de Detención y Tortura para adolescentes, conformado también por cuarteles, comisarías y cárceles, tanto en la capital como en el interior del país.
Salta la liebre
Según la Ley de Sitios de Memoria (19.641), para que un lugar público o privado pueda ser declarado como tal debe cumplir uno o alguno de los siguientes requisitos: que allí se hayan verificado violaciones a los derechos humanos a manos del Estado; que hayan existido actos de resistencia y lucha por la recuperación democrática, o que sean espacios que las víctimas, sus familiares o las comunidades asocien con estos actos, y que tengan como finalidad construir y transmitir memorias.
En general, la declaración de Sitio de Memoria resulta de una solicitud impulsada por uno o más colectivos, y es evaluada por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM), integrada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que la preside, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Universidad de la República (Udelar) y diversas organizaciones sociales. Cuando se aprueba una solicitud, se procede a la colocación de una placa conmemorativa en coordinación con quien detente la titularidad del lugar en cuestión. Si la solicitud involucra a una institución pública, la espera depende de la agilidad de su funcionamiento y, como en todo, de la voluntad política de sus autoridades. En general, los plazos son relativamente breves.
No fue el caso del Álvarez Cortés. Tuvieron que pasar seis meses desde la solicitud cuando, en diciembre de 2023, y por insistencia de los colectivos involucrados, la Dirección General de UTU hizo llegar la resolución por la cual el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP habilitaba a la administración de la sede de la escuela técnica de Malvín Norte a proceder con el reconocimiento del Sitio. Con la fecha fijada para colocar las dos placas conmemorativas -una en la sede educativa y otra en el club Alumni-, los colectivos se largaron a planificar la jornada y convocaron a la comunidad a participar del evento. Pero, a último momento, recibieron la notificación de que el director general de la UTU, Juan Pereyra, había decidido desautorizar la colocación de la placa.
Pereyra, ingeniero agrónomo, profesor jubilado, perteneciente al Partido Colorado (PC) y con un pasado militante en la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), denegó la solicitud del acto conmemorativo y, para impedirlo, ordenó cerrar la UTU el día que estaba previsto realizarlo, bajo el argumento de “evitar problemas y roces”2 entre el estudiantado del centro educativo y los colectivos solicitantes.
Algo similar ocurrió con la solicitud de una señalización conmemorativa en el Instituto de Formación Docente (IFD) de la ciudad de Paysandú. El 15 de junio de 2022, la lntersocial Paysandú y el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente (IFD) presentaron ante la Comisión de Sitios de Memoria una propuesta de homenaje a la maestra Raquel Culñev, muerta a los 26 años bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas tras ser detenida en 1972 por pintar un muro del IFD y por pertenecer a un CAT, -comando de apoyo tupamaro-. El 19 de octubre del 2022, la comisión aprobó la colocación y el texto de la placa, a ser ubicada en la sede del instituto.
Luego de más de un año, las coordinaciones para instalar la señalización no aparecieron. Nuevamente, un largo silencio se hizo presente en boca de las autoridades. Al parecer, la causa de la demora no era únicamente una cuestión de pereza institucional. En un hecho sin precedentes desde la creación de la Ley de Sitios de Memoria, -vigente desde 2018-, el Codicen de la ANEP, en persona de su presidenta, Virginia Cáceres, -también integrante del PC y sucesora del actual candidato a la vicepresidencia por esa fuerza política, Robert Silva-, pidió a la comisión que reconsidere la resolución. El motivo esgrimido fue un informe de Marcela Pérez Pascual, asesora jurídica de la ANEP, donde se plantea que la colocación de la placa es arbitraria, violatoria de la laicidad y de la autonomía del organismo educativo.
Colorados sean unidos (y unida sea la coalición conservadora)
En ambos casos, los jerarcas educativos arrastraron la discusión al terreno jurídico para intentar dar marcha atrás a las solicitudes aprobadas debidamente de acuerdo a la ley de Sitios. De ese modo, se evidencia la contradicción de su cosmovisión liberal-conservadora. Aquello de que las leyes, si están, son para cumplirlas, y aquello otro de que lo mejor siempre es predicar con el ejemplo. En su caso, mientras pregonan que uno de los cometidos centrales de la enseñanza es inculcar el cumplimiento de las normas, actúan como si estuviesen eximidos de esa responsabilidad cuando la legislación en cuestión no les cae en gracia.
Uno de los argumentos legales que aparece tanto en la resolución firmada por Cáceres como en las declaraciones públicas de Pereyra refiere a discrepancias respecto a las fechas. En un planteo no exento de cierto maniqueísmo, señalan que, antes de 1973, en Uruguay se vivía en democracia y que, por ende, hablar de terrorismo estatal como pretende el texto de la placa del Álvarez Cortés -que contempla la represión a partir de 1968-, sería inapropiado, y detener a militantes como Culñev -apresada en 1972- sería legítimo.
En el informe elaborado para el caso de Culñev, la abogada de ANEP se entretiene con dos argumentos. Por un lado, y en un planteo sin relación con los motivos esgrimidos en la solicitud para declarar ese Sitio, afirma que la decisión de señalizar el IFD no tiene fundamento en la ley vigente, ya que en ese lugar no fueron violados los derechos humanos de la maestra Culñev. En tanto, en lo que parece tornarse una discusión sobre si la “prisión indebida” es o no motivo de reparación por parte del Estado, que tampoco viene a cuento con lo solicitado, sustenta la legitimidad de la detención en el artículo 367 del Código Penal de 1934. Como si fuera necesario, aclara que “no fue un código aprobado por la dictadura”, aunque omite mencionar que dicho artículo establecía para el delito cometido -deterioro del espacio público, en este caso la pintada del muro- una pena de tan solo 4 a 30 días de trabajo comunitario.
Por su parte, el abogado herrerista Gabito Zóboli, propuesto para el Codicen por el Partido Nacional, redobló la apuesta de su colega y legitimó la detención de Culñev ante la comisión de Educación y Cultura del Senado amparándose en la ley del Estado de Guerra Interna. En dicha instancia, además, puso en duda que la maestra, fallecida en prisión producto de una grave afección para la cual no recibió la debida atención médica, sea una víctima del terrorismo de Estado. Como condimentos extemporáneos, algunos integrantes de la coalición conservadora arrimaron la idea de promover la inconstitucionalidad de la ley 19.641 y, en cualquier caso, su derogación. El planteo de declararla inconstitucional llegó de la mano de la consejera cabildante Dora Graziano, y la derogación fue una propuesta de la senadora Graciela Bianchi, presidenta de la comisión tratante de la cámara alta. En esa ocasión, la legisladora tuvo a bien recordar que en 2018 votó en contra de la ley 19.641, al igual que otros diputados blancos y colorados que, reclamantes de “toda la verdad” y de la igualdad de las víctimas, una vez sí y otra también, han intentado diluir la diferencia existente entre la violencia ilegítima y/o terrorista del Estado y la de grupos armados.
La normativa vigente sobre los Sitios de Memoria es clara en cuanto a las fechas. Se subdividen en dos los períodos históricos que comprende la Ley; uno desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, en el marco de la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad, y el comprendido entre el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, período de la dictadura civil-militar.
Como bien lo expresó la asociación de ex presas y presos políticos del Uruguay, Crysol, parte de esta controversia se debe a que el PC y sus representantes en el Codicen parecen no querer asumir que el expresidente Jorge Pacheco Areco fue “el iniciador de la actuación ilegítima del Estado”, hasta la disolución de las cámaras el 27 de junio de 1973 por parte del golpista Juan María Bordaberry3. Teniendo esto en cuenta, no parece desatinado afirmar que estos jerarcas han intentado una defensa solapada de sus correligionarios de aquellos años.
Existe, además, otra causa con la que los jerarcas de la educación del PC se embanderaron, y que se puso de manifiesto en este escarceo público sobre la colocación de las placas: la supuesta defensa del principio de laicidad.
El informe de la asesora jurídica de ANEP no titubea al atribuirle a los colectivos solicitantes una serie de intencionalidades ocultas, apuntando que con este tipo de señalización buscan únicamente “un lugar donde hacer publicidad, donde dar difusión, donde influir en las nuevas generaciones”, intencionalidades que, en su opinión, violan la laicidad. Y punto.
Resulta extraño. Se acusa a la comunidad sanducera organizada de querer cumplir con lo que la ley establece; tanto en sus cometidos generales, entre los cuales la preservación de la memoria histórica es central (y cuesta imaginar una manera de preservar la memoria sin participación de nuevas generaciones), como en sus mandatos particulares, donde en el artículo 8, por ejemplo, se establece que una de las responsabilidades del Estado es, textual, “dar publicidad” y, punto siguiente; “generar el acceso público”.
También es extraña la sugerencia de que esta señalización es algo así como un pase libre con el que los solicitantes podrían ingresar, sin aviso, en el horario que les plazca, tal vez en la noche, tal vez incluso habilitándolos a acampar allí, en el predio del IFD, para poder dedicarse a adoctrinar, vaya a saber con cuáles subversivas intenciones, al desprevenido estudiantado del instituto.
Por otra parte, y tal vez intuyendo que este tipo de señalizaciones no son solo frases talladas sobre un rectángulo de granito o bronce, sino un intento de dar materialidad a las memorias de las víctimas y sobrevivientes, el director de UTU, Juan Pereyra, manifestó preocupaciones similares a las antes mencionadas, alegando, por ejemplo, que el texto de la placa “contiene términos demasiado fuertes para estar dentro de un centro educativo”. Dice el texto aludido:
“Este lugar fue cárcel de niños y adolescentes desde 1929. Entre 1968 y 1978 funcionó como prisión para varones adolescentes que lucharon contra el autoritarismo y la dictadura militar. Nunca más terrorismo de Estado”.
Los términos ‘demasiado fuertes’ a los que el jerarca parece referirse es a la mención como cárcel de niños y adolescentes al lugar que funcionó, precisamente, como cárcel de niños y adolescentes, y a la de terrorismo de Estado para nombrar el terrorismo de Estado.4
Si no se pierden de vista las reflexiones de Elizabeth Jelin, que señala que las disputas por el pasado son trasladables a las luchas presentes y a los escenarios políticos del momento, rápidamente se podrá asociar los posicionamientos que anteceden a las posturas con las reformas que el PC ha intentado introducir en el terreno de la enseñanza. La eliminación del término terrorismo de Estado de los programas de Historia, sustituyéndolo por “la suspensión y el avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos”, en el marco de la denominada ‘transformación educativa’, fue impulsada por el expresidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva. Como ha trascendido en las últimas semanas, esta otra pulsión negacionista del candidato colorado a la Vicepresidencia finalmente no tuvo éxito, y los nuevos programas educativos fueron aprobados sin el cambio de categoría, luego de que el planteo despertara críticas de la academia y de diversas organizaciones de Derechos Humanos.5
Entonces, multiplicar las memorias
Para Jelin, el sentido del pasado es un sentido activo generado por agentes sociales que se ubican en escenarios de confrontación y de lucha con otras interpretaciones. Los distintos actores y militantes ‘usan’ el pasado, colocándose en la esfera pública con la intención de transmitir una narrativa. Pero, se pregunta la pensadora argentina, ¿quiénes son esos actores? A su entender, son diversos y con diferentes vinculaciones con la experiencia pasada quienes que pugnan por afirmar la legitimidad de su verdad: aquellos que la vivieron y aquellos que la heredaron, aquellos la estudian y aquellos que la expresan de diversas maneras.
En los casos del Alvárez y del IFD de Paysandú, los colectivos involucrados, en mancomunión con organizaciones sociales diversas (sindicales, estudiantiles y barriales) supieron jugar bien sus cartas. Dieron la discusión pública concitando sólido apoyo y compromiso de la sociedad civil a la vez que lograron despertar el repudio público a estás pulsiones negacionistas.
Las tensiones en el caso del Álvarez llegaron al punto de colocar encima de la mesa la renuncia del director general de UTU, aunque el planteo no pasó a mayores. Tras el largo proceso, finalmente las placas fueron colocadas en actos cargados de emotividad, participación y potencia colectiva.
En el caso de la placa en el IFD de Paysandú, el desenlace fue similar: a causa de la tenacidad de los colectivos sanduceros y de la Red Nacional de Sitios: la CNHSM se mantuvo firme en su declaración y se logró establecer el 5 de octubre como fecha para realizar la colocación y el homenaje a Culñev.
Algo destacable en la estrategia desarrollada por los colectivos de memoria que salieron victoriosos de estas controversias, es que no sólo argumentaron con la ‘ley en mano’, sino que fueron cuidadosos de no limitar la discusión únicamente a esta dimensión (como pretendían sus contendientes al jerarquizar la argumentación jurídica como la única válida para zanjar las discrepancias). En cambio, lograron ampliar el campo de debate, colocando razones éticas, políticas e historiográficas que también son medulares en este tipo de acciones y reconocimientos y que, en definitiva, son las que logran activar y garantizar una verdadera circulación social y colectiva de la memoria.
Imaginemos, contrafácticamente, que la lucha de los movimientos de derechos humanos y las organizaciones por la memoria no hubiesen logrado darle estatus legal a sus anhelos que hoy, luego de ese continuado esfuerzo militante, se cristalizan en la Ley 19641. Las iniciativas por la memoria como las que aquí se han narrado seguirían estando igual de justificadas y sostenidas en su dimensión ética, política e histórica, porque, como bien plantea Jelin, cuando la memoria se ve bloqueada por fuerzas sociales opuestas, no se desvanece, sino más bien lo contrario; “el deseo y la voluntad de las mujeres y hombres que están luchando por materializar su memoria, se ponen claramente de manifiesto de manera pública, y renuevan su fuerza o potencia”.6
Entonces, si por coyunturas adversas las memorias se vieran impedidas en su materialización, sea en una placa o en otra clase de soporte, no cabe dudas de que no se detendrían, de que se mantendrían vivas en aquello que Steve Stern ha calificado como la “batalla por las mentes y los corazones”7, en la cual, los intentos de imponer el olvido, a la larga o la corta, solo consiguen el efecto contrario: multiplicar las memorias.
- Facundo Álvarez (2019). “Por algo están donde están”. La juventud “desviada” en Montevideo: Hacia la creación del Radio Urbano de Malvín en 1929*. Revista de las Prisiones, (9), 29-47.
↩︎ - Declaraciones de Pereyra a MVD Noticias de TV Ciudad el 13 de abril, día de la ceremonia, que tuvo que ser realizada afuera de la sede de Malvín Norte, ya que esta se encontraba cerrada. ↩︎
- A raíz de esta polémica, Crysol solicitó al Codicen la renuncia del director general de UTU, por “desacato”. https://crysol.blogspot.com/2024/04/yo-el-supremo.html ↩︎
- “El organismo rector de la enseñanza en Uruguay ha resuelto no llamar terrorismo de Estado al terrorismo de Estado”. https://ladiaria.com.uy/opinion/articulo/2024/4/una-perlita-mas-de-la-anep-la-eliminacion-del-concepto-de-terrorismo-de-estado-del-plan-de-estudios-de-secundaria/ ↩︎
- https://www.busqueda.com.uy/informacion/anep-aprobo-programas-historia-bachillerato-que-introducen-el-concepto-terrorismo-estado-n5392583 ↩︎
- Los trabajos de la memoria, Elizabeth Jelin (2002) ↩︎
- Título de su libro sobre las luchas por la memoria sobre la dictadura chilena : Battling for Hearts and Minds Memory Struggles in Pinochet’s Chile 1973-1988. Steve Stern (2006) ↩︎