El domingo 27 estamos convocadas a votar. Se eligen el presidente y los parlamentarios, pero también debemos votar en dos plebiscitos. A este hormiguero le pareció que era importante decir cuál es su posición frente a esto.
Celebramos que en Uruguay dispongamos de herramientas de democracia directa que nos permitan definir sobre asuntos colectivos sin mediaciones. Más aún, que cualquier grupo de ciudadanos pueda, juntando firmas, poner un asunto a consideración del conjunto de la ciudadanía, con efectos legales vinculantes. Pensamos, incluso, que muchos más asuntos podrían tramitarse de esta manera.
Uno de los plebiscitos propone habilitar los allanamientos nocturnos. Se trata de una propuesta de la actual coalición de gobierno, que convocó al plebiscito desde el parlamento. Debió hacerlo porque la prohibición de los allanamientos nocturnos está consagrada en la Constitución, y esta no puede modificarse sin una votación popular. Más precisamente, esta prohibición se encuentra en el artículo 11, que declara al hogar “sagrado inviolable”. Estamos hablando de la posibilidad de que se elimine la garantía constitucional que protege la tranquilidad de los hogares en la noche.
Este tema, en Uruguay, ya se plebiscitó dos veces. La primera, en 1980, cuando la dictadura propuso una nueva constitución que hubiera consagrado una democradura con un rol protagónico de las fuerzas armadas. La segunda, en 2019, como parte de un plebiscito punitivo propuesto por Jorge Larrañaga. Las dos veces, fue derrotado. La ciudadanía uruguaya no abandona, tan fácilmente, las garantías constitucionales.
En los últimos años, la derecha promovió sistemáticamente los plebiscitos punitivos, en el supuesto de que había un clamor popular de más cárcel y más represión. Lo cierto es que estas iniciativas, incluyendo la de Bordaberry en 2014, no tuvieron el resultado esperado. Pareciera que la sed de sangre no está tan extendida en la población como el amarillismo nos quiere hacer creer, y que la conciencia de que empoderar a la policía, renunciar a derechos y aumentar las penas empeora la violencia en vez de resolverla.
Viendo como en nuestra sociedad empeoran violencias que no estamos pudiendo detener, no vamos a votar esta iniciativa, que profundiza el camino que, en estos años, nos ha traído hasta acá.
El otro plebiscito nace de una iniciativa popular de reforma constitucional promovida desde el movimiento sindical. Se vota una propuesta que implica una transformación profunda del régimen de seguridad social, que consta de tres partes: el establecimiento de los 60 años como edad mínima para la jubilación, la equiparación de las jubilaciones y las pensiones mínimas con el salario mínimo nacional y la eliminación de las AFAP.
Este plebiscito es, en parte, una reversión de una reforma de la seguridad social promovida por la actual coalición de gobierno, que aumentó la edad de jubilación, redujo las prestaciones y aumentó el rol de los actores privados. Pero el plebiscito va más allá, eliminando el lucro de la seguridad social.
De base, trabajar menos años, que los viejos pobres cobren por lo menos el salario mínimo, y que lo público avance sobre el capital financiero, son cosas que nos simpatizan. Pero siendo que esta iniciativa es muy controversial, incluso dentro de la izquierda, es necesario decir algunas cosas más.
El plebiscito sobre la seguridad social ha sido objeto de una campaña de terrorismo mediático, llegándose a decir que si el plebiscito se aprobaba, eso significaba el fin del Uruguay tal como lo conocemos. Si Uruguay no es capaz de sobrevivir que los jubilados que ganan 18.000 pesos pasen a ganar 22.000, deberíamos aceptar que no es un país viable, y dejar de discutir. Se dice también que este aumento haría imposible combatir la pobreza infantil. Como si los niños pobres no vivieran en hogares donde hay viejos también pobres, como si el BPS no tuviese varias prestaciones destinadas a las infancias, y como si los viejos que ganan menos que el salario mínimo fueran potentados que no merecen apoyo de la sociedad.
Se dice también que el triunfo del plebiscito pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema de seguridad social. En el corto plazo, esto no es cierto. Al contrario, el dinero que entraría en el sistema público por la eliminación de las AFAP garantizaría la sostenibilidad del sistema por más de una década. Se ahorrarían cientos de millones de dólares de asistencia financiera que se invierten anualmente en el BPS, los cuales podrían ser volcados a la seguridad social y sus prestaciones o a la propia sostenibilidad a largo plazo del sistema.
Mirando hacia el largo plazo, cabe ser escépticos sobre cualquier previsión de cualquier variable a 30 o 40 años. No sabemos si en el medio va a haber guerras mundiales, colapsos ambientales, disrupciones tecnológicas o, si todo sale bien, revoluciones. Además, si tantas voces insisten en que la automatización va a destruir prácticamente todos los puestos de trabajo, no parece razonable que esas mismas voces nos digan que hay que trabajar cada vez más. En todo caso, tendremos que organizar cómo reducir la carga de trabajo, y pelear por quién maneja los robots y las computadoras.
Es llamativo cómo ante iniciativas como esta, los economistas y otros técnicos ponen todos sus esfuerzos en pensar y explicarnos la incompatibilidad entre el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida del pueblo, en lugar de invertir sus esfuerzos en pensar las formas en que esto pueda ser compatible. En todo caso podríamos tomar nota sobre aquellos políticos y tecnócratas que no tienen en sus proyecciones de aquí a 40 años un Uruguay que pueda desarrollar sus fuerzas productivas, o que pueda resolver problemas sociales que hacen al déficit del BPS.
Finalmente, se critica que se pongan en la constitución cosas como la edad o el monto de las jubilaciones. Como si la constitución fuera una cosa sagrada y no simplemente una norma de mayor jerarquía y rigidez que las demás, rigidez que tiene como función proteger aquellas cosas que consideramos especialmente importantes. Dada la voracidad del capital financiero y la insistencia de buena parte del sistema político en entregar los fondos de la seguridad social a la especulación, no parece descabellado rigidizar las normas que garantizan su carácter público y sus principales variables.
En todo caso, no es culpa de este plebiscito que en Uruguay no exista la iniciativa popular legislativa, y que la democracia directa esté limitada a referéndums contra leyes y plebiscitos constitucionales. Quizás habría que discutir una reforma constitucional que habilite que la ciudadanía pueda proponer leyes, así no se tiene que recurrir al camino constitucional para que el demos legisle. Incluso, podríamos tener una discusión más general sobre la Constitución, especialmente siendo que no nos damos una Asamblea Constituyente desde hace un siglo, desde los tiempos del viejo Batlle.
Así como consideramos importante analizar algunos de estos puntos que hacen a la discusión actual, llamamos la atención sobre la necesidad de pensar en el día después del plebiscito en el caso de que triunfe. Ya han sido muchas las declaraciones, y existe la posibilidad de que surjan iniciativas para derogar lo plebiscitado, para desconocerlo, o para castigar al pueblo por su voto buscando financiar la reforma con impuestos que afecten a los trabajadores.
El plebiscito expresa la desconfianza hacia el sistema político, así como la capacidad de que las organizaciones de la clase trabajadora pongan en juego, directamente, propuestas sobre cómo reorganizar temas importantes del país. Tanto en caso de ganar como en caso de perder el plebiscito, esta posibilidad no se debería disipar. Si logramos mostrar que tenemos propuestas viables sobre cómo organizar la sociedad, no solo habremos ayudado a los jubilados y al sistema de seguridad social, sino también a las perspectivas de cambio social.