Entrevista a Valeria España

Valeria España es abogada y docente de la Universidad de la República. Es también una militante social, enfocada en temas de Derechos Humanos. Ha trabajado temas relacionados a la justicia, la migración, los feminismos y el acceso a derechos sociales como la vivienda.  Conversamos sobre estos temas, intentando un balance de los últimos años desde una perspectiva de Derechos Humanos, identificando desafíos para el futuro.

Está terminando un período de gobierno, y hace poco fueron las elecciones. ¿Podrías destacar algunas cosas que pasaron en este período y que sirvan para ver cómo cambió la situación de Uruguay en términos de Derechos Humanos en este período?

Yo empezaría por el 13 de marzo de 2020, que fue cuando se declaró la emergencia sanitaria, recién empezado el gobierno de Lacalle Pou. A partir de ese momento se dieron en forma vertiginosa una serie de decisiones que tuvieron una incidencia clara y directa en términos de Derechos Humanos. En primer lugar porque hubo suspensión de garantías constitucionales. Hay que recordar que se suspendieron concretamente dos artículos de la Constitución: el que tiene que ver con la libre asociación y también el que tiene que ver con la libre entrada y salida al país. Cuando hay una suspensión de garantías, eso se tiene que informar a los organismos internacionales. Uruguay no lo hizo. Es cierto que otros países del continente habilitaron estados de excepción mucho peores que el de Uruguay, pero cumplieron con esos procedimientos. También es cierto que fue un momento excepcional, una crisis sanitaria, pero ya desde ahí podemos ver un talante muy suelto para limitar derechos. 

A partir de ahí empezó la discusión de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que activó expresiones de resistencia del movimiento popular. La LUC es muy representativa de la actitud del gobierno hacia los Derechos Humanos. Por un lado, con el tema de seguridad, que habría que pensarlo más bien en términos de inseguridad para la ciudadanía, por lo que implica que la policía sea habilitada a ejercer sin limitación adecuada el uso de la fuerza. Todo el conjunto de disposiciones vinculadas a la policía fue totalmente regresivo, y ahora con el diario del lunes vemos que impactó no solamente en el marco normativo, sino también en la forma de intervención en el territorio, y en los imaginarios que eso activó en la propia policía. 

En los barrios en los que hubo operativos de saturación, u operativos justificados como de persecución de alguna rapiña o algún delito, veíamos que discursivamente se amparaban en la LUC para detonaciones arbitrarias de perdigones, disparos de armas letales y no letales a la población. Hay un saldo de muchas personas heridas por el actuar de la policía que aún siguen en la impunidad, y hay mucho subregistro de eso porque hay miedo. Claramente hubo un resguardo de las autoridades ministeriales y del gobierno en general a que la policía tuviera disponibilidad para tirar y matar si era necesario. 

Otra cuestión asociada a la LUC tiene que ver con la educación. La LUC acompañó un proceso institucional que fue terrible en términos de mercantilización. También en términos de llevar adelante una postura que las actuales autoridades de la educación ya tenían antes de serlo. No hay que olvidar que Robert Silva protagonizó muchos años atrás la persecución de estudiantes que se manifestaban el 20 de mayo. El propio Pablo Da Silveira también estuvo, junto con otros actores, hablando de que la laicidad estaba en riesgo por el proselitismo en las instituciones educativas.

 Cuando vemos cómo se despliega eso en este período, hay un interés de resignificar las palabras “laicidad” y “proselitismo” para interpretar a la educación de Derechos Humanos y a cualquier lucha por temas vinculados a los Derechos Humanos como actos proselitistas. Y eso también se tradujo, amparado en la LUC, en la persecución de estudiantes, de docentes, en generar un clima de censura en las instituciones. Vemos como la LUC fue muy útil para poder instrumentar esa persecusión. Cuando hubo manifestaciones se aplicó esa normativa. Cuando hubo ocupaciones se aplicó, y mal, porque otro de los grandes saldos que nos dejó este gobierno fue una negación del derecho a huelga y a la libertad de expresión de las y los estudiantes, con un agravante, que es que muchos de ellos son menores de edad. El ejercicio de derechos civiles y políticos de niños, niñas y adolescentes en Uruguay es una materia pendiente. No hubo el suficiente acompañamiento para mostrar la gravedad de lo que estaba pasando, lo que pasó con el IAVA o en otras instituciones donde se articulaba este combo de censura, de prohibición de lo que la LUC llamó piquetes, junto todas las herramientas que se les dio a la policía, para generar este clima autoritario y de represión. 

Después tenemos el componente vivienda, lo que planteaba la LUC era muy acotado con los desalojos exprés, y aunque todavía no tenemos registros de qué tanto efectivamente se usó, es claro que no fue una solución para el déficit habitacional. En este gobierno se intensificaron las prebendas en esta materia, la vivienda ahora más que nunca es una mercancía, incluso a nivel de las políticas estatales. Vemos una creciente intervención de privados en programas públicos, y una fuerte presencia de “obras sociales” como las del Gordo Verde o el pastor Márquez disputando sentidos y dando respuestas que muchas veces el estado no da. Esto pasa en este período porque desde antes había condiciones para que pase. 

Con las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo hay un tema gravísimo, que tiene que entenderse como una crisis de vulneración de derechos. No se trata solo del número de personas que se conoce que están a la intemperie, sino las muchas personas que están en refugios, o en pensiones, o tienen contratos de arrendamiento precarios, o están ocupando, o están con riesgo de ser desalojados si no hacen lo que les pide determinado privado. 

También atado a la LUC, la postura de este gobierno sobre la situación de calle fue generar una idea de policía bueno y policía malo. El MIDES con un discurso más cercano, al mismo tiempo que el Ministerio del Interior impulsaba políticas de limpieza social, acompañado de cómo la LUC agrava lo que ya planteaba la Ley de Faltas del FA, con la modificación del artículo 368 del código penal, que criminaliza la ocupación del espacio público. Uruguay no solo no garantiza el derecho a la ciudad, sino que se considera un delito ocupar el espacio público, y concretamente a las personas que no tienen techo se las penaliza por la omisión del propio estado. En la misma línea va la ley de internación compulsiva. Hay todo un engranaje jurídico e institucional con el que el propio estado uruguayo piensa como personas de segunda categoría a las personas que no cuentan con los recursos para superar la indigencia o la mendicidad. El propio texto constitucional los llama así. Ahí vemos un punto clave, medular de esta vulneración extrema de derechos. 

Otro punto importante es que la LUC originalmente planteaba un capítulo para modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Finalmente se resolvió que eso no iba a ir en la LUC, pero a mediados de este año se aprobó, y es una ley que deja a las audiencias con menos derechos, que consagra privilegios que ya se estaban dando a los grandes canales de televisión, también a multinacionales que usufructúan la infraestructura del estado. Sobre todo en un contexto en el que hemos visto la manipulación de la agenda informativa. Hemos visto además altos niveles de corrupción, que también implican vulneración de derechos por parte del estado.

¿Cómo ves la evolución de la institucionalidad de Derechos Humanos en este período?

Diría que no evolucionó, sino que involucionó. Desde que existe la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) se piensa que la institucionalidad de Derechos Humanos es sólo eso. Pero en realidad hay que pensar en el conjunto de instituciones y políticas que están orientadas a incorporar la perspectiva de derechos tanto en la política pública como en la normativa y en la propia práctica estatal. 

La Secretaría de Derechos Humanos que depende de Presidencia tiene un rol más limitado a un quehacer más enunciativo, no de una injerencia real en la práctica estatal, que es lo que implicaría una transversalización efectiva de una mirada de derechos. Pasa lo mismo en el Legislativo, si vemos cómo ha funcionado la Comisión de Derechos Humanos, que es una comisión más bien debilitada. Lo que vemos en este período es que la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia prácticamente no existió. Los Derechos Humanos aparecen de forma decorativa. Discursivamente se nombran, pero cuesta materializarlos en la práctica. A la hora de cumplir nos quedamos sin aliento, falta todo. 

En la INDDHH vivimos un momento terrible. Yo considero que hubo una intervención de la INDDHH. Es una institución que tiene que ser independiente del poder público porque tiene que monitorear el cumplimiento de la normativa por parte de los diferentes niveles del estado, sus agentes y funcionarios. Las designaciones de su Consejo Directivo se hicieron como si fuera un ente público, con designaciones por partido, con personas que no eran idóneas para el cargo, que tenían una clara y comprobable militancia en los partidos, por ejemplo el Partido Nacional o Cabildo Abierto, por nombrar algunos. Evidentemente eso afectó la dinámica de la Institución. Se presentó en su momento una acción de nulidad para dejar sin efecto a la designación, que no fue aprobada pero que nos permitió identificar desafíos para modificar la normativa de la Institución y para poder generar mayores garantías de su independencia técnica y política, que hoy desafortunadamente no tiene. Hay informes que el directorio no aprueba porque afectan la imagen del gobierno. Hay pódcasts, proyectos de investigación y extensión que han sido censurados… entonces estamos en una situación en la que la Institución no solo no protege al pueblo y sus derechos frente al poder público, sino que es parte de todo ese aparato burocrático discrecional y opresivo que niega derechos.

Recién hablabas de la corrupción, ¿cómo es que la vinculás a los Derechos Humanos?

Cuando vemos casos de corrupción como los que vimos, eso afecta la esfera de protección de ciertos derechos. Tomemos el ejemplo del caso de los pasaportes. Por disposiciones normativas y por interpretaciones constitucionales, Uruguay no otorga la nacionalidad a las personas no nacidas o que no tengan vínculos sanguíneos con uruguayos, a diferencia de la mayoría de los países del mundo. Al no otorgar la nacionalidad, Uruguay está generando condiciones de apatridia. Lo que sucedió con los pasaportes primero afectó a personas que están intentando acceder a la ciudadanía legal y no están pudiendo hacerlo porque se generó toda una presunción de culpabilidad a todas las personas que no son ciudadanas naturales. Cuando en realidad lo que sucedió parece tragicómico pero muestra que el pasaporte que se le da a los ciudadanos legales no tiene ningún valor. Parte del entramado de Astesiano y sus socios era revivir muertos para darle pasaportes a rusos como si fueran ciudadanos naturales, porque un pasaporte de ciudadano legal no le sirve a nadie, porque en los datos dice que sos del país donde naciste, por más que nunca hayas vuelto a pisarlo. Ahí vemos algo que afectó derechos, y ni se mira. Es algo bien concreto. 

Cuando existen condiciones de una generalización de un estado de persecución, de autoritarismo, de negación de derechos por la vía legislativa y donde todo el entramado del gobierno se arma de esta manera, cuando además sumas actos de corrupción, a veces nos cuesta ver cómo eso afecta a un ciudadano de carne y hueso en el ejercicio de sus derechos. Pero me parece que tiene que ver con un contexto que hace a la manera como se articulan las relaciones de poder y se determina qué vidas valen y qué vidas no valen, y también las formas de apropiación de lo común. 

Has seguido estos años cuestiones relacionadas a la violencia sexual y a las diferentes formas como se cruzan los Derechos Humanos y el género. Han pasado muchas cosas en ese terreno. ¿Cómo ves ese devenir en estos años?

Ahí vemos una situación terrible. Por un lado está la casuística. Casos que ocurren, que podríamos pensar que hay situaciones que se dan entre privados, se comete algún delito contra la integridad física y contra la libertad sexual de una persona. Eso está previsto que cuando sucede está el sistema penal con todos sus entramados normativos para perseguir el delito y eventualmente para resarcir a la víctima. Sin embargo, en este período los casos de violencia sexual que se hicieron públicos nos permiten rastrear existe una negativa a reconocer que existe la violencia basada en género, y que estos crímenes que se cometen son crímenes que podrían considerarse de lesa humanidad por las características que tienen. Estamos muy lejos de que eso ocurra. 

Es que en los últimos años, con el CPP, con la creación de la Unidad de Víctimas en Fiscalía por ejemplo, ha habido muchos avances en el acompañamiento de las víctimas. Porque las víctimas no tenían un lugar en el proceso en el modelo inquisitivo anterior. Entonces el hecho de que tengan un lugar en el proceso también genera otras condiciones en las dinámicas. Es cierto que el sistema penal en general está pensado o está armado de una manera que históricamente no reconocía los derechos particularmente de las mujeres (sin ir muy lejos el antecedente de los Códigos Penales es el Malleus Mallificarum, que es el libro de persecución de las brujas), pero ha habido cambios. El CPP busca darle un lugar a la víctima, que también la Ley de Violencia Basada en Género generó otro tipo de formas de entender este tipo de delitos y de cómo se persiguen y cómo se repara a las víctimas, y que eso incidió en que se creara otra institucionalidad de acompañamiento. 

Sin embargo, cada vez que pasa un caso, lo que vimos en este período es que las defensas de los agresores sexuales buscaron generarse un espacio en la opinión pública, y con eso disputar los sentidos culturales de la manera en la que se aborda el fenómeno. En los últimos años, las formas en las se ha desplegado el movimiento feminista, y las banderas que ha levantado, ha problematizado cotidianamente el tema, eventualmente teniendo incidencia en las formas de pensar y en las políticas públicas. Ahí vemos que en esta resistencia que los defensores han tomado como propia, han tratado por un lado de discutir la neutralidad de la perspectiva de género, han buscado reivindicar principios que son muy queridos para el derecho como el principio de inocencia, el debido proceso. Y con esa estructura han tratado de argumentar que la lucha contra la violencia de género lesiona gravemente el debido proceso. 

Esto lo vimos muy claramente con la conformación de la Asociación de Abogados Penalistas, que surge a partir de la Operación Océano. Hay que recordar que es el caso más grande de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes desde el nuevo código. Es una megacausa que muestra parte de los engranajes de la violencia sexual en Uruguay, de la explotación sexual, de la trata, una serie de delitos muy graves que se cobran vidas y sueños de niñas, niños y adolescentes. Ahí se conocen los defensores de los agresores, en los estrados judiciales, y deciden armar la Asociación de Abogados Penalistas. 

Si analizamos las apariciones en medios de estos abogados, en cada uno de los casos que han defendido han buscado hacer todo lo que no se tiene que hacer cuando se protege una víctima de violencia sexual: poner en duda su palabra, presentar esta idea de la mala víctima, incluso vulnerar su derechos y revictimizarla al exponer su vida privada. Sumado a eso también han hecho una crítica no solamente sobre la víctima, sino también sobre el sistema en general, las leyes, la supuesta injerencia de grupos de interés, como llaman a los movimientos feministas. Cuando paradójicamente la Asociación de Abogados Penalistas es un grupo de interés que generaba giras, reuniones con fiscales, toda una agenda propia, con esta línea de cómo mejorar y aggiornar las prácticas para defender agresores sexuales y que salgan impunes. Es algo grave. 

Obviamente se tiene derecho a la defensa y todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero también corresponde una crítica a la ética del abogado. La práctica jurídica no es encubrir delitos. Ni mucho menos generar condiciones de mayor vulnerabilidad a personas que ya han sido particularmente agredidas. Entonces ahí yo creo que tenemos algo para pensar y repensar porque obviamente ha sido la cara más visible, junto con algunos actores políticos, de la contraofensiva conservadora y antigénero del Uruguay.

Pintás un panorama bastante sombrío, con una trayectoria de retroceso. Ahora va a haber un cambio de gobierno. ¿Qué expectativa tenés?

Ese domingo 27 de noviembre realmente vimos una alegría que no se veía hace mucho tiempo. Fue como un gran despertar. Cualquiera que haya estado en la calle ese día, que haya visto lo que pasó ahí puede dar cuenta de esa alegría, sumada a la expectativa. Se escuchaban cosas como “el pueblo hizo su parte, ahora les toca a ustedes”. Yo me sumo a eso, en el sentido de que es un momento de expectativa. 

Tenemos el desafío de no repetir los errores de los gobiernos frenteamplistas anteriores, donde se aprobaron leyes que no fueron lo más adecuado, como puede ser la Ley de Faltas, que generó una continuidad en la persecusión y criminalización de la pobreza. No no se avanzó lo suficiente en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Se aprobaron leyes que favorecían la especulación inmobiliaria, como la mal llamada Ley de Vivienda Social. 

Hubo represiones policiales a militantes sociales, como fue el caso de la Marcha del Agua. Mientras estaba Angela Davies en el Teatro Solís hablando de libertades y derechos civiles, estaban reprimiendo a jovencitos por protestar por el tema del agua y UPM. Ni hablar que la derecha se ha apropiado de temáticas como la ambiental. Y ahí hay un gran desafío, que eso no siga sucediendo. El tema del Proyecto Neptuno va a estar entre los primeros pasos que va a dar este gobierno.

En Uruguay existe una convicción de seguir protegiendo esta idea de la polis, en el sentido de Menéndez-Carrión, del cuidado de lo común, que se puede debilitar de forma muy fácil, si termina este gobierno, por una mala lectura, termina haciendo un acercamiento más hacia políticas neoliberales, y no tanto escuchando la voz del pueblo, y generando cambios más profundos, que tienen que ver con la reforma urbana, con la vivienda.

Si tuvieras que decir algunas cosas en las que es factible avanzar, ¿cuáles destacarías?

Hay algunas modificaciones normativas, como puede ser el cambio del delito de usurpación. Creo que ahí hay una tarea pendiente. También en el delito del artículo 368, que agravó la LUC. Creo que ahí hay toda una agenda para modificar. También a nivel de los controles de los procedimientos policiales. En términos de educación también poder generar condiciones para monitorear cuál es la situación que existe en términos de libertad de expresión en los ámbitos educativos. Ver cómo revertir este proceso que yo comentaba al principio, que ha hecho un daño terrible. 

En materia de vivienda se pueden hacer procesos de regulación de muchos barrios. Pero no con políticas que se escriben en el escritorio, sino poder realmente estar volcados al territorio, viendo cuales son las problemáticas que están ahí, y resolverlas. Tenemos niños, niñas, familias enteras viviendo en condiciones de mucha precariedad. No se ha hecho nada para transformar eso. Tenemos niñas y niños con niveles altísimos de plomo en la sangre, en Felipe Cardozo. 

Después tenemos todo el capítulo que tiene que ver con el tema migratorio. Me parece que ahí también hay grandes dificultades, sobre todo con la no regularización migratoria de las personas que piden visa. Entonces yo apostaría a una regularización de todas las personas. Que no haya ninguna persona sin cédula de identidad y sin residencia, cuando están viviendo y trabajando acá. Porque eso lo único que habilita es la explotación laboral. Y ni hablar del tema del reconocimiento de derechos de ciudadanos legales. 

Todo lo que tiene que ver con la institucionalidad de Derechos Humanos en un sentido amplio. Ahí hay una cuestión más de carácter estructural que hay que modificar. También con el trabajo que hace INAU, ahí hay mucho por hacer. Hay niñas, niños y adolescentes que están en situaciones de muchísima vulnerabilidad y que lo único que hace es que la omisión del estado genera que se den otras situaciones de vulneración de derechos. En estos entramados que yo comentaba, tanto el tema de situación de calle como el consumo problemático de drogas y la situación de niños, niñas y adolescentes están muy articulados. Incluso también las violencias sexuales. Entonces yo pienso que es necesaria una atención integral del tema, que no lo haga solo un ministerio u otro, o determinada oficina u otra, sino que tiene que haber un trabajo conjunto.

Para terminar, algo de coyuntura que es pertinente conversar en una entrevista sobre Derechos Humanos. Se difundió estos días que en un libro reciente Lucía Topolansky puso en duda los testimonio de víctimas en las causas de delitos de lesa humanidad de la dictadura. ¿Qué reflexión te provocan estos dichos?

El planteo de Lucía Topolansky fue absolutamente desafortunado, sobre todo por las implicaciones que eso tiene en un proceso muy importante que se está llevando adelante para luchar contra la impunidad. Obviamente podemos identificar una trama que sustenta el proceso negacionista en el Uruguay contemporáneo, que sigue cuestionando los procesos de reparación, y los procesos judiciales que buscan llegar a la verdad de los hechos, a cuales fueron las prácticas sistemáticas que afectaron a tantas personas a través del terrorismo de estado y sus agentes. 

Es algo muy preocupante, sobre todo por lo que eso genera, porque ya ni bien se hicieron públicos estos comentarios, rápidamente se activaron mecanismos de defensa espurios por parte de los defensores de los militares para hacer planteos y descargos sobre estos dichos ante la Suprema Corte de Justicia. Lo que hizo Topolansky, de alguna manera, es útil para los negacionismos y además para las defensas de los represores a nivel judicial. 

Por otro lado, hay algo que es interesante, y que da para reflexionar, que es el momento en el que se difunde esto. El libro fue terminado en octubre y presentado recientemente, y enciende las alarmas sobre una posible alianza o acercamiento con Cabildo Abierto, porque claramente Cabildo Abierto ha sido la gran caja de resonancia del negacionismo. Los dichos de Topolansky favorecen a la defensa de militares en la justicia, al deslizar la posibilidad gravísima de un falso testimonio, y por otro ayuda a sostener el discurso de Cabildo Abierto, que por ejemplo incidió para que Lacalle Pou recibiera una delegación de procesados y condenados por crímenes de la dictadura, que trataban de resignificar como presos políticos. Entonces esta es una alarma enorme sobre qué tanto un gobierno del Frente Amplio, en el que tuvo una votación mayoritaria del MPP, va a habilitar una alianza con Cabildo Abierto, lo que es gravísimo. 

La izquierda política y social se ha expresado con mucha contundencia rechazando esto, abrazando la posición y la lucha de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, que a su vez se respalda con dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido lo que sucedió. Como ha dicho Valeria Thus, hablar de falsedad de los testimonios habla de una intención de negar el mal radical al que asistimos. Es negar lo que sucedió, deslizar que hay mentiras por parte de las víctimas, incidir en procesos que han sido muy entorpecidos por las estrategias de los abogados de los represores. 

Ha habido un trabajo muy notable por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. No sabemos qué hay detrás de lo que dijo Topolansky, pero también hay que fijarse en el momento en el que eso es levantado por los medios de comunicación, y lo que después activa discursivamente, generando la idea de que hay que desconfiar de la Justicia y del proceso que se ha llevado adelante para condenar estos crímenes.