Durante las últimas décadas, el orden internacional funcionó como una puesta en escena: reglas supuestamente universales, organismos multilaterales, diplomacia profesional, comunicados cuidadosamente redactados. No impedían la guerra ni el imperialismo, pero los envolvían en un lenguaje técnico y una aparente justificación moral. Esa ficción se sostuvo mientras fue funcional a la potencia norteamericana. En 2025, dejó de serlo.

La asunción de Donald Trump el 20 de enero de este año no explica este giro, pero lo vuelve explícito. Trump no inaugura una nueva lógica: la expone sin pudor. Bajo su liderazgo, Estados Unidos abandonó la retórica de la “comunidad internacional” basada en consensos y está mostrando una nueva, pero vieja, forma de actuar: presionar, condicionar, castigar. El poder dejó de simular cooperación. Habla sin intermediarios, sin metáforas y sin vergüenza.

La política exterior y la política interna hace tiempo dejaron de ser planos separados. Estados Unidos ya no intenta organizar el sistema internacional ni presentarse como árbitro. Intenta gestionar su propia pérdida de control en un contexto interno de fractura social profunda, polarización extrema y deterioro sostenido de las condiciones de vida de amplios sectores de su población.

Trump gobierna sobre una sociedad agotada. Décadas de desindustrialización, precarización laboral, endeudamiento masivo y erosión del pacto social dejaron infraestructuras deterioradas, expectativas rotas y una clase política desacreditada. En ese vacío, la promesa ya no puede ser progreso: solo orden. Ni integración ni derechos: protección selectiva y seguridad.

Las élites estadounidenses —financieras, tecnológicas y militares— ya no están en condiciones de garantizar bienestar ni movilidad social para las mayorías, pero sí de blindar sus privilegios. La seguridad nacional se redefine como defensa de activos estratégicos, cadenas de suministro, rentas financieras y posiciones de poder. El desorden internacional no es un error del sistema: es su forma actual de administración desde arriba.

El escándalo de los archivos Epstein (antiguo compinche de Trump y activo de la inteligencia israelí-norteamericana durante décadas) vuelve a colocar en escena a figuras centrales del establishment político, financiero y mediático. Viejas fotos, viejas redes, viejas impunidades. La sensación es clara: no se trata de manzanas podridas, sino de un sistema que se protege a sí mismo. Ciertas élites no rinden cuentas. Nunca lo hicieron.

A esto se suma un elemento clave: el alineamiento total de Trump con la agenda “Israel First”. Gaza continúa siendo devastada, con decenas, seguramente cientos de miles de muertos, mientras Estados Unidos bloquea o relativiza cualquier intento real de freno internacional. La “seguridad” en este caso nunca dejó de funcionar como coartada para justificar lo injustificable.

La guerra comercial a escala global lanzada en abril, con carteles exhibiendo castigos (aranceles) país por país, terminó de consolidar el giro. Estados Unidos deja de presentarse como garante del orden y actúa como potencia depredadora abierta, incluso contra aliados históricos.

Cuando el foco se desplaza a Irán, Venezuela o el resto de América Latina, el patrón se repite: intervención y, desprecio por normas básicas del derecho internacional. Incluso ejecuciones extrajudiciales y actos de piratería en el Caribe que hoy podrían derivar en investigaciones internas por crímenes de guerra.

En este nuevo clima global, la impunidad se normaliza y el derecho se vuelve optativo. El paso siguiente ya no es la negociación, sino la eliminación del otro como problema.

Ahí aparece el costado más brutal de este mundo sin máscaras.

Gaza, Darfur y el espectáculo del exterminio

Palestina y Sudán no son tragedias aisladas ni desbordes momentáneos del sistema. Son el resultado lógico de un orden internacional que ya no se propone administrar la paz, sino gestionar el desorden según jerarquías.

En Gaza, la destrucción sistemática, el bloqueo humanitario y el exterminio masivo de civiles se sostienen a plena luz del día. Las imágenes circulan en tiempo real. Los muertos tienen nombre, rostro, edad. Nada de esto ocurre en secreto. Y, sin embargo, no hay consecuencias.

En Sudán, la lógica es inversa pero complementaria: la muerte masiva ocurre en silencio. Fragmentación territorial, hambrunas, limpieza étnica, colapso estatal. No por exceso de exposición, sino por ausencia total de interés estratégico. No hay titulares, no hay presión, no hay urgencia diplomática.

La Organización de Naciones Unidas aparece en 2025 como lo que hace tiempo es: un organismo incapaz de frenar la violencia cuando choca con los intereses de las grandes potencias. Vetos cruzados, resoluciones simbólicas, llamados humanitarios sin efecto real. La ONU no falla: cumple el rol que el poder le permite.

La violencia se volvió espectáculo. El genocidio se transmite, se comenta, se consume. La indignación dura lo que dura el ciclo informativo. El horror se vuelve paisaje.

Aquí la variable de clase es central y sistemáticamente invisibilizada por algoritmos y grandes medios: las decisiones que habilitan estas masacres no las toman los pueblos. Las toman élites políticas, económicas y militares que no pagan el costo de sus propias apuestas. Mientras ellas juegan a la geopolítica, las mayorías viven inflación, precarización, migración forzada, duelo y desesperanza.

La barbarie no es un desvío del sistema. Es su forma actual de funcionamiento. 

América Latina y el Caribe: democracias bajo presión, sociedades resistiendo al límite

En nuestra región, el 2025 no fue un año de estabilidad, sino de reacomodamiento forzado bajo presión externa e interna.

Brasil ofreció un fallo histórico, aunque un anticipo inquietante del clima regional: Jair Bolsonaro y altos mandos militares fueron condenados por intento de golpe de Estado, mientras sectores del Congreso avanzaban en mecanismos para reducir o anular su pena. Lula vetó la maniobra, pero el mensaje quedó claro: las derechas radicalizadas no necesitan ganar elecciones para condicionar el poder; les alcanza con capturar instituciones.

A esto se suma la escalada de violencia urbana, con la peor masacre de la historia en Río de Janeiro, la expansión del narcotráfico y el poder creciente de milicias que controlan territorios, economías y votos. Ese entramado de violencia y política tensa la previa de un año electoral decisivo, en el que Lula se encamina a disputar su cuarto mandato.

La región volvió a ser zona de ensayo para políticas de seguridad, disciplinamiento y extracción. Chile confirmó el giro a la ultraderecha con la elección de José Antonio Kast, reforzando un eje conservador que combina orden, mercado y represión. Bolivia cerró un ciclo histórico con la derrota del MAS y el nuevo gobierno neoliberal de Rodrigo Paz ya propone sus recetas clásicas de ajuste que están encendiendo tensiones sociales profundas. Mientras, Honduras quedó atrapada en denuncias de fraude y la injerencia directa de Donald Trump eligiendo a su candidato preferido e indultando al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico.

Venezuela se llevó todas las miradas en el último tramo del año, la decisión de Estados Unidos de cercar al país con su flota de guerra preparada para una intervención directa, que conlleve el cambio de régimen y el derrocamiento de Maduro, se combinó con actos de pirateria sobre buques petroleros y una gran campaña mediática sobre Maria Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz y se pasea abiertamente por medios internacionales promocionando una invasión que sólo puede augurar desastres para toda la región. Ya no se trata de la opinión que merezca el gobierno de Nicolás Maduro, que evidentemente no pudo probar su victoria en las últimas elecciones y carga con la responsabilidad del deterioro democrático de su país y del éxodo masivo de millones de personas a los países vecinos. Alcanza con observar las últimas experiencias de intervenciones norteamericanas en Afganistán, Libia, Irak, entre tantos otros, para darse cuenta que un escenario así es el peor posible.

En este mapa regional, Uruguay ocupa un lugar particular. El nuevo gobierno se presenta como moderado, dialoguista y dispuesto a cumplir un rol de mediación regional y global. Sin embargo, esa vocación diplomática y el regodeo en el prestigio del país conviven con una errática tibieza frente al genocidio en Gaza y con un apego casi automático a los equilibrios del statu quo internacional. La prudencia externa contrasta con una demanda social interna cada vez más ansiosa: salarios, vivienda, salud, educación, futuro.

En toda la región, las democracias muestran signos de cansancio. Congresos convertidos en espectáculos grotescos, presidentes mesiánicos, violencia política banalizada y viralizada, instituciones que ya no representan ni resuelven.

2026: el mundo que sigue sin caretas

Pensar el 2026 no implica anticipar acontecimientos concretos, sino leer tendencias que ya están en marcha y que difícilmente se reviertan en el corto plazo. El fin del teatro diplomático en 2025 no abre una etapa de recomposición, sino una fase de conflictos prolongados, alta incertidumbre y administración permanente de crisis.

En el plano global, no hay señales de retorno a un orden basado en reglas compartidas. Tampoco emergen proyectos hegemónicos capaces de ofrecer estabilidad sin recurrir a la coerción. El mundo que entra en 2026 no es multipolar en un sentido equilibrado, sino fragmentado, con zonas de influencia superpuestas, conflictos sin árbitros confiables y una normalización creciente del uso de la fuerza. La guerra –militar, económica, tecnológica, informativa– deja de ser una excepción y pasa a formar parte del paisaje.

Los conflictos activos no tienden a cerrarse, sino a enquistarse. Gaza seguirá siendo un punto de tensión estructural mientras no exista voluntad real de frenar la lógica de exterminio. Sudán continuará fuera del radar internacional, atrapado en una violencia silenciosa que no genera costos políticos y llena las arcas de las monarquías del Golfo Pérsico. Ucrania se perfila como una guerra larga, intermitente, utilizada como ficha de negociación entre potencias. A estos escenarios se suman focos latentes en Medio Oriente, el Mar Rojo, Taiwán y América Latina, donde cualquier chispa puede escalar rápidamente.

En América Latina, el 2026 se presenta como un año de tensiones acumuladas. Economías frágiles, sistemas políticos desgastados y sociedades exhaustas conviven con una presión externa creciente. La región seguirá siendo disputada por recursos, alineamientos diplomáticos y control político, sin contar con la languideciente pero urgente y necesaria integración regional que permita negociar en mejores condiciones.

Los gobiernos enfrentan un dilema persistente: responder a demandas sociales urgentes con márgenes de maniobra cada vez más estrechos, o profundizar lógicas de ajuste, control y seguridad que prometen estabilidad a corto plazo pero agravan el malestar estructural.

En este contexto, el diagnóstico planteado por el documental de 2016 HyperNormalisation de Adam Curtis deja de ser una advertencia teórica y se vuelve una descripción cotidiana. Curtis plantea que, frente a un mundo cada vez más complejo y desigual, las élites y los Estados construyen relatos simplificados, ficticios, para simular control, mientras la mayoría de la sociedad aprende a convivir con esa irrealidad. Sabemos que el sistema no funciona, que las narrativas oficiales no explican la realidad y que las instituciones ya no representan a las mayorías. Aun así, gran parte de la vida social sigue funcionando como si no existieran alternativas posibles.

Esa disonancia no es neutra: produce apatía, cinismo y parálisis. Y esa parálisis es funcional al poder.

Por eso, la discusión sobre 2026 no puede limitarse a qué harán los Estados o las élites. La pregunta central es qué haremos las sociedades frente a un mundo que ofrece cada vez menos futuro y nos expone cada vez más a la intemperie.

Organizarse deja de ser una consigna ideológica y pasa a ser una necesidad material. En un escenario donde las redes sociales amplifican el miedo, fragmentan la experiencia colectiva y convierten el conflicto en espectáculo permanente, construir comunidad se vuelve un acto de resistencia. Redes de apoyo, espacios de encuentro, articulación regional e internacional, no para negar los conflictos ni para soñar épicas, sino para no enfrentar en soledad un mundo cada vez más violento, desigual y deshumanizado.